En febrero de 2024, el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, confirmó a La Hora la existencia de una investigación por supuestos sobornos entregados en 2012 a 108 diputados del Congreso de la República.
Según la pesquisa, los pagos habrían servido para garantizar la aprobación de un proyecto carretero millonario adjudicado a la constructora brasileña Norberto Odebrecht, empresa por la que la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), bajo la dirección de Juan Francisco Sandoval, abrió un caso de corrupción en 2018.
Algunos de los nombres de los congresistas que habrían recibido sobornos fueron revelados por el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, en una declaración testimonial que rindió ante la FECI de Sandoval, tras entregarse a la justicia guatemalteca luego de permanecer prófugo durante cuatro años. Sinibaldi también fue acusado en este caso de supuestamente haber recibido al menos US$17.9 millones en coimas, de coordinar su distribución y de haberse quedado con al menos US$9.3 millones, según la acusación de la Fiscalía.
Sin embargo, tras la destitución de Sandoval por parte de la fiscal general María Consuelo Porras —vetada por más de 40 países— y con Rafael Curruchiche al frente de la FECI, la investigación contra los congresistas no ha mostrado avances, aunque en 2024 el secretario general del MP aseguró que el caso incluso contaba con un juez a cargo en respuesta a una pregunta del director de este medio, Pedro Pablo Marroquín, durante una entrevista transmitida en directo.
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SEGÚN PINEDA, CURRUCHICHE «TENÍA» INVESTIGACIÓN CONTRA DIPUTADOS
Marroquín fue preciso al cuestionar sobre la fase del caso Odebrecht: «¿Qué pasó con la investigación de los 105 diputados?». Pineda respondió que «esa es una investigación que está bajo control jurisdiccional. Efectivamente, está a cargo de un juez en específico».
«En este caso, el fiscal Curruchiche ha sido muy enfático. Hay un avance significativo; ya se superó la etapa intermedia. Lo que entiendo es que el caso está bajo reserva», afirmó, y ante una segunda pregunta, confirmó la existencia de un proceso contra los diputados.
En una publicación pasada, este medio consultó a la Unidad de Información y Prensa del MP sobre cuáles excongresistas son sindicados en el referido proceso, que, según Pineda, se encuentra en la última fase del proceso, es decir a la espera de que un Tribunal emita una sentencia que definirá culpabilidad o inocencia de los acusados. Sin embargo, no hubo respuesta.
La Hora y otros medios no han reportado audiencias vinculadas al caso Odebrecht en las que estén implicados exdignatarios que enfrenten juicio por este caso. Entre los procesados destacan dos figuras clave en el caso Odebrecht: Manuel Baldizón, excandidato presidencial, y Sinibaldi, a quien un juez le cerró el caso, pero en su última resolución la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó que enfrente un juicio por el delito de lavado de dinero y cohecho pasivo.
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DECLARACIÓN DE SINIBALDI
El testimonio de Sinibaldi a la FECI salpicó a varios exdiputados y también a congresistas en funciones, quienes supuestamente habrían aceptado sobornos de hasta medio millón de quetzales, y otros de Q250 mil, a cambio de otorgar a la empresa brasileña la ampliación de un tramo carretero valorado en casi Q3 mil millones.
El caso internacionalmente salió a la luz el 21 de diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que altos ejecutivos de la constructora admitieron haber pagado alrededor de US$788 millones en sobornos a funcionarios de 12 países latinoamericanos para asegurar la adjudicación de obras públicas.
Guatemala fue uno de esos países implicados. Según las declaraciones de los directivos de Odebrecht, entre 2013 y 2015 la empresa efectuó una serie de coimas por aproximadamente US$18 millones a autoridades guatemaltecas para obtener contratos públicos.
En su declaración de 41 páginas, Sinibaldi detalla la compleja red de negociaciones entre excongresistas y Odebrecht para facilitar la aprobación de los proyectos, bajo el auspicio de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Pérez Molina, ambos condenados en casos de corrupción. Los beneficios para la constructora, a cambio de las coimas, ascendieron a unos US$34 millones.
Las bancadas que, presuntamente, apoyaron ese endeudamiento, por el cual Odebrecht pagó sobornos, fueron el Partido Patriota, Todos, UNE, Creo-Unionistas, FRG, Gana, PAN, Victoria, URNG, UCN, VIVA y varios independientes.
En 2017, La Hora publicó una nota titulada «Caso Odebrecht: 111 y 108 diputados votaron a favor», en la que se detalla cómo votaron los congresistas para aprobar la iniciativa 4583 en 2012. Los registros oficiales del Congreso indican que 111 diputados dieron el visto bueno a la propuesta en primera lectura, y en la redacción final, 108 votos fueron a favor.
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FECI SE CENTRA EN QUIENES INVESTIGARON
Tras la salida de Sandoval de la Fiscalía, su sucesor, Curruchiche, abrió una línea de investigación relacionada con la tramitación de los acuerdos de colaboración eficaz que la antigua FECI y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pactaron con los directivos de Odebrecht, quienes delataron a Sinibaldi y a otros implicados en el caso.
De esa cuenta, Sinibaldi denunció a los fiscales y trabajadores de la desaparecida CICIG. El pasado lunes, la Sala Tercera de Apelaciones —vinculada al diputado Felipe Alejos—, a petición de la Fiscalía, ordenó la captura del excomisionado Iván Velásquez Gómez, y de Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia, por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión.
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