Aunque ya se perfilan los primeros movimientos de cara a las elecciones generales de 2027, será 2026 el año que defina buena parte del rumbo institucional de Guatemala. En los próximos meses se activarán cuatro procesos determinantes para el futuro del país: la elección de nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Constitucionalidad (CC), así como la designación del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) y el contralor General de Cuentas.
Los engranajes del poder comenzarán a girar desde enero, cuando distintos actores del sistema de justicia, de la esfera política y académica entren en escena para poner en marcha los mecanismos de selección. Según analistas consultados, serán estos espacios —muchos de ellos marcados por tensiones internas, pactos y disputas de fondo— los encargados de permitir o dejar fuera de la lista a quienes buscan liderar las cuatro instituciones.
Rectores de universidades, decanos de las facultades de Derecho, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), diputados, ministros de Estado, el presidente Bernardo Arévalo y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) figuran entre los actores con poder de decisión en los distintos procesos de selección. Aunque no todos intervienen en las cuatro elecciones, cada uno tendrá, en los espacios que la ley les confiere, la capacidad de influir —o bloquear— la llegada de nuevas autoridades a las instituciones clave del Estado.
En 2023, las elecciones generales estuvieron marcadas por la injerencia del MP, que impulsó una judicialización sin precedentes de los resultados. Con nuevos comicios previstos para 2027, los analistas advierten que la configuración de autoridades en 2026 será clave para evitar una repetición de ese escenario. La elección de un TSE que actúe como árbitro imparcial, un MP objetivo y una CC que garantice la Constitución.
La Hora consultó a tres analistas para evaluar la trascendencia de los procesos de renovación institucional previstos para 2026. Todos coincidieron en que el año será determinante por el peso de las entidades involucradas. Desde quien asuma la jefatura del MP, y con ello el mandato de la persecución penal, hasta los magistrados de la CC, encargados de velar por la supremacía de la Carta Magna.
AÑO «DECISIVO» PARA INSTITUCIONES
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, subraya que 2026 será un año decisivo para «la democracia del país y ciertas instituciones que han estado destinadas al deterioro político». A su juicio, el hecho de que los procesos de elección de magistrados del TSE, de la CC y del fiscal general arranquen de forma simultánea en enero añade presión a un escenario ya marcado por tensiones estructurales.
Los cuatro procesos comparten una característica central: la conformación de comisiones de postulación, encargadas —al menos en teoría— de depurar las listas de aspirantes y seleccionar perfiles idóneos. De estas nóminas, el Congreso de la República será el encargado de elegir a los magistrados del TSE, la CC y el contralor, mientras que la designación del fiscal general recaerá en el presidente Arévalo.
Ibarra destacó que la elección de nuevos magistrados de la CC será crucial, ya que en los últimos meses considera que ha actuado como un freno para decisiones clave del Gobierno de Bernardo Arévalo. «Una nueva CC va a tener la responsabilidad de mantener la legalidad y tomar las decisiones finales sobre el supuesto fraude electoral y el caso del partido Movimiento Semilla», advirtió.
La directora del Movimiento Pro Justicia también advirtió sobre un punto de partida problemático: la Comisión de Postulación para la elección de magistrados del TSE estará presidida por Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sancionado por Estados Unidos tras llegar al cargo mediante una elección considerada ilegal.
«Walter Mazariegos va a presidir la Comisión de Postulación, y esa presencia va a constituir una primera mancha», señaló Ibarra. «Pero los otros integrantes deben asumir el compromiso de nombrar representantes que actúen con independencia y no se limiten a seguir sus instrucciones».
Actualmente, el TSE se encuentra prácticamente desmantelado, a palabras de Ibarra, luego de que una Sala suspendiera del cargo a cuatro magistrados del órgano electoral en un hecho sin precedentes. «Todos en conjunto han debilitado al TSE. Lo desmantelaron», sentenció Ibarra, ante la oportunidad de reconfigurarlo en marzo próximo.
FUNCIONARIOS INDEPENDIENTES
Jahir Dabroy, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asies), no se aparta del criterio de Ibarra y rescata que la importancia de los procesos se centra en posicionar a los mejores cuadros como funcionarios, toda vez los profesionales estén comprometidos con la institucionalidad y la independencia.
«Si bien son elecciones que tienen un sentido político, debemos de enfocarnos en que esas personas que compitan en los procesos tengan una visión netamente institucional. Es decir, que no se asuma la representación de intereses particulares o de intereses de actores que los hayan promovido para el cargo público», sostuvo.
Sobre el panorama que se vislumbra desde ya, Dabroy dio una lectura de que las fuerzas de poder se dividirán en dos: el oficialismo —gobierno de Arévalo— y el status quo —los grupos tradicionales del país— quienes buscarán posicionar a perfiles clave en las instituciones próximas a renovar autoridades.
«Habrá un grupo muy cercano al oficialismo que tratará de incidir en estos procesos de elección y uno más pegado al status quo, al de cómo se ha venido operando, que también van a tratar de defender sus intereses. No es poca cosa lo que se está disputando», recordó.
«RENOVAR CUADROS ES NECESARIO»
Mynor Melgar, ex secretario general del MP, considera que 2026 representa una oportunidad para renovar las instituciones con perfiles técnicos y comprometidos con el interés público. «Es un buen momento para que se elija a las personas mejor calificadas y que no respondan a ningún compromiso ni intereses particulares, sino que defiendan los intereses del país», señaló.
Melgar subrayó el papel central que ha asumido la CC en la vida política del país. «Lo que nos han enseñado los últimos años es que las decisiones más importantes del Estado terminan en la Corte. Son ellos quienes definen los asuntos más delicados, no solo en el ámbito del Ejecutivo, sino también en el Legislativo y Judicial», afirmó.
Para el exfuncionario, garantizar la independencia de quienes lleguen a estos cargos es fundamental. «No deben responder a intereses sectoriales. Es necesario renovar los cuadros con personas capaces de actuar con autonomía», concluyó.
María Consuelo Porras, sancionada por más de 40 países por su gestión al frente del MP durante dos periodos consecutivos, finalizará su mandato en mayo de 2026. Melgar advierte que «los grupos tradicionales de poder en el país van a tratar de ubicar a sus gentes para lograr que respondan a sus intereses».
Al ser consultado sobre la posibilidad de que Porras aspire a un nuevo cargo que le garantice inmunidad, como una magistratura en la CC, el exfuncionario no descartó ese escenario. Tampoco ve improbable que intente su reelección.
