Protesta de Codeca: Contra criminalización que lleva adelante el MP e inacción del Congreso y Ejecutivo

El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) Urbana anunció una jornada de movilizaciones en todo el país para exigir al Gobierno de Guatemala respuestas a una serie de demandas históricas que, según la organización, han sido ignoradas.

Neftalí López, representante de Codeca Urbana, explicó a La Hora las principales razones que impulsan esta nueva protesta social.

De acuerdo con López, desde febrero de 2024 solicitaron una audiencia formal con el Gobierno para discutir problemáticas como la corrupción, las privatizaciones, la criminalización de defensores de derechos humanos y el esclarecimiento de asesinatos de integrantes de Codeca. Sin embargo, indicó que la solicitud fue desatendida.

«Casi un año después nos convocaron, pero nos atendió una persona sin poder de decisión, lo cual nos causó molestia», relató. La Hora consultó a comunicación social del Ejecutivo a qué se debe el no dar una audiencia a Codeca. «Ahora no tengo información sobre el tema. Déjeme averiguar», respondió la fuente consultada.

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PROMESA FALLIDA DE DESTITUIR A PORRAS

Entre las principales promesas incumplidas del presidente Bernardo Arévalo, según López, destaca la negativa a destituir a la fiscal general, María Consuelo Porras, sancionada por más de 40 países y señalada de incurrir en acciones corruptas y antidemocráticas.

Porras también es considerada como una de las principales responsables del intento de impedir la toma de posesión de Arévalo tras su victoria electoral en 2023.

«Aunque el presidente alegó motivos de legalidad, tenía las condiciones legales y, sobre todo, existía una demanda social y política para destituirla», lamentó López. Agregó que, al no actuar, Arévalo permitió que Porras se consolidara en el poder y fortaleciera el denominado «pacto de corruptos».

Si bien en mayo pasado Arévalo presentó ante el Congreso una iniciativa de ley para reformar la Ley Orgánica del MP —lo que abriría la puerta a la remoción de la fiscal general, Porras— hasta la fecha ninguna comisión legislativa ha admitido a trámite esos proyectos. Los congresistas han preferido mantener el statu quo y evitar el debate parlamentario sobre dichas reformas.

Además, López denunció que el MP ha intensificado la persecución contra líderes comunitarios, en particular contra quienes apoyaron las manifestaciones en defensa de la voluntad popular durante 2023.

El líder de Codeca también criticó que el Ejecutivo ha favorecido intereses empresariales por encima de las necesidades sociales, al impulsar procesos de privatización de carreteras y, presuntamente, de servicios básicos como el agua, una de las causas históricas de Codeca.

APOYO A EXDIRECTIVOS DE 48 CANTONES

Las movilizaciones también buscan expresar el respaldo de Codeca a los exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, procesados en lo que diversas organizaciones nacionales e internacionales consideran una represalia política por su papel en las manifestaciones de 2023. Ambos líderes participaron activamente en las protestas que exigieron el respeto a los resultados electorales y la renuncia de la fiscal general.

Sobre los riesgos de criminalización que podría enfrentar Codeca por convocar a estas movilizaciones, López fue categórico: «No tenemos miedo. Aquí nos han robado todo, incluso el miedo. Llevamos casi 33 años de lucha y no vamos a detenernos».

La jornada, prevista para este lunes, contempla la instalación de alrededor de 20 puntos de concentración en todo el país. Una comisión de la organización acudirá a Casa Presidencial para entregar su pliego de demandas, en espera de ser recibidos por las autoridades.

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DESCONTENTO TAMBIÉN ES CON EL CONGRESO

Además del Ejecutivo, las protestas de Codeca apuntan contra el Congreso, tras la reciente aprobación de un aumento salarial para los diputados.

«Es indignante que se hayan aumentado el salario en casi seis millones de quetzales mensuales en total, mientras al campesino y al obrero ni siquiera se les paga el salario mínimo», criticó López.

También cuestionó el acuerdo sobre el seguro obligatorio, al considerar que su diseño actual beneficia a bancos privados en lugar de fortalecer el sistema público.

Como mensaje final, el representante de Codeca reiteró su rechazo a la privatización del agua, exigió la renuncia de la fiscal general y pidió el cese de licencias a proyectos mineros e hidroeléctricos que, aseguró, deterioran el medio ambiente. «Hacemos un llamado a la población para que se sume», concluyó.

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