Las sanciones impuestas por la Contraloría General de Cuentas (CGC) contra seis exfuncionarios de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS) siguen sin ser pagadas. En respuesta a La Hora, la institución fiscalizadora confirmó que los montos aún «están en proceso de ser solventados».
«Las sanciones producto de la Auditoría fueron practicadas bajo el decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 18. Al momento se encuentran vigentes», respondió el departamento de Comunicación Social de la Contraloría sin dar más detalles.
Los funcionarios fueron sancionados tras detectarse que asignaron agentes de seguridad de la SAAS a varias personas cercanas al expresidente Alejandro Giammattei sin cumplir con los análisis de riesgo correspondientes.
Entre los beneficiados figura Miguel Martínez, pareja del exmandatario, así como los diputados del partido VAMOS, Mynor Mejía Popol y Manuel Conde, y el panameño Poll Anria, exasesor de Giammattei.
NO REALIZARON EVALUACIONES
La Contraloría determinó que no se realizaron evaluaciones de amenazas ni estudios de seguridad para justificar la asignación de estos agentes, irregularidad evidenciada en un informe de auditoría solicitado en abril pasado por el diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).
El congresista presentó una querella penal contra Giammattei por estas anomalías, pero el proceso judicial permanece estancado en la Corte Suprema de Justicia, que aún debe resolver sobre el retiro de inmunidad del exgobernante.
Según la CGC, los seis exfuncionarios sancionados no presentaron pruebas de descargo ni documentos que acreditaran la realización de los análisis de seguridad. Como consecuencia, se les impusieron juicios de cuentas que ascienden a 102 mil quetzales, con multas individuales que oscilan entre 12 y 20 mil quetzales.
Estas sanciones fueron establecidas conforme al artículo 39, numeral 16, de la Ley Orgánica de la CGC, que establece penalizaciones equivalentes al 200% del salario mensual de los responsables cuando se determina la falta de documentos de respaldo.
Estos son los juicios de cuentas pendientes de saldar:
La ley que rige la SAAS establece que la institución debe garantizar protección únicamente al presidente, vicepresidente y sus familias, así como a sus predecesores en el cargo. También puede brindar seguridad temporal a otros funcionarios estatales o dignatarios extranjeros en visita oficial, siempre que su actividad lo requiera. Sin embargo, la auditoría de la CGC concluyó que estas disposiciones no se cumplieron durante la gestión de Giammattei.
Pese a la confirmación de la Contraloría de que las sanciones están vigentes, el proceso para su pago sigue sin resolverse.
SIN AVANCES EN EL CASO
El antejuicio que busca retirar la inmunidad al expresidente Giammattei sigue sin avances en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que aún no resuelve si dará trámite a la solicitud. La querella penal señala que el exmandatario habría otorgado privilegios en materia de seguridad a su pareja y exfuncionarios sin justificación alguna, en contravención de lo que establece la ley.
El diputado Chic presentó la querella el 19 de junio de 2024 en Gestión Penal, en el edificio de Torre de Tribunales. Busca que Giammattei sea investigado por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. La querella también señala a Héctor Castillo Alvarado, exsecretario de la SAAS, por los mismos delitos, además de peculado por uso, al presuntamente haber asignado agentes de seguridad a funcionarios ajenos al Organismo Ejecutivo.
Giammattei mantiene inmunidad por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un cargo al que el presidente y el vicepresidente pueden acceder automáticamente tras concluir su mandato. Durante su campaña electoral en 2019, el exmandatario prometió retirar a Guatemala de ese organismo, pero ahora el Parlacen lo blinda frente a la justicia.
¿QUÉ DICE EL MP?
Para otro trabajo de La Hora, titulado como: «El MP confirma su doble estándar: caso SAAS con Arévalo y caso SAAS con Giammattei», la Fiscalía hizo mención, un día después de ser consultados, que haciendo referencia a la auditoría solicitada por el diputado Chic, la Contraloría remitió la certificación a las diligencias de antejuicio en contra del expresidente Giammattei, a la Cámara Penal respectiva.
Añadió además que, fue hasta el 9 de diciembre de 2024 que la Fiscalía contra la Corrupción recibió por parte del Centro de Servicios Auxiliares de Administración de Justicia el expediente correspondiente, iniciando así las diligencias de investigación en contra de Héctor Castillo Alvarado, ex secretario de la SAAS en tiempos de Giammattei.
«Ambos casos se encuentran en investigación a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción, ninguno de los expedientes se inició de oficio», detalló el MP.
No obstante, hasta ahora, cómo con otros casos que hacen mención de la pareja del expresidente, no se ha conocido de mayores avances.
