Rumbo a la CSJ (2): 10 aspirantes, sus trayectorias y controversias

La comisión de postulación para la elección de magistrados de Corte Suprema de justicia (CSJ), completó la nómina de candidatos que será enviada al Congreso de la República y de esa cuenta los diputados elegirán a la nueva Suprema que resolverá amparos y antejuicios de interés nacional en los próximos cinco años.

La CSJ es uno de los órganos más importantes del país que, en resumen, con sus magistrados garantizan que las leyes se interpreten de manera justa y que se protejan los derechos fundamentales.

¿Qué se sabe de los 26 aspirantes y cuáles son sus antecedentes? En esta segunda entrega de tres publicaciones te perfilamos a 10 profesionales del derecho que integran la nómina final.

Primera parte del especial «Rumbo a CSJ»: Cinco aspirantes, sus perfiles y antecedentes

6. Jorge Eduardo Tucux Coyoy

Abogado y notario. Actual magistrado de la CSJ e integrante de la Cámara Penal. También busca ser reelecto en la Suprema por cinco años más, tras ser nombrada en noviembre pasado para culminar el periodo 2019-2024.

Fue magistrado en distintas salas del país. Entre ellas: Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Jalapa, Sala Cuarta de Apelaciones, Ramo Civil y Mercantil en Quetzaltenango, Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Familia. 

Cuenta con tres maestrías relacionadas con derecho procesal civil y mercantil y derecho penal por la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), Universidad Mariano Gálvez (UMG) y Universidad de Sevilla en España. 

En el informe presentado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en 2020 sobre los 26 aspirantes a CSJ se le señaló de tener 4 investigaciones por incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y violencia contra la mujer. 

Fue presentada una tacha en el reciente proceso de elección de cortes. Se le señaló por el impedimento de falta de reconocida honorabilidad por haberse postulado para su reelección en la CSJ siendo el comisionado para elegir a magistrados de Salas de Apelación.

“Al participar como comisionado de la Comisión de Postulación para integrar la nómina de candidatos a magistrados para Corte de Apelaciones y Tribunales de igual Categoría, ostenta una posición de poder que le permite aprovechar su cargo para influir en su candidatura a magistrado de la Corte Suprema de Justicia en grave incumplimiento de las normas éticas del Organismo Judicial y de la prohibición del artículo 18 de la Ley de Probidad”, se le recriminó.

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7. Jenny Noemy Alvarado Tení

Abogada y notaria. Cuenta con una maestría en derecho penal y procesal penal por la UMG. También suma un doctorado en la misma rama por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. 

Fue magistrada vocal II en la Sala Sexta de la Apelaciones del Ramo Penal de Cobán, Alta Verapaz por nueve años.

Laboró como directora técnica en la Dirección Regional II, Cobán, Alta Verapaz, con funciones de director regional, del Ministerio de Trabajo en 2004.

Según el Movimiento Pro Justicia, en el proceso pasado fue una de las negociadoras para integrar la única planilla que participó en la Asamblea de Magistrados para elegir a los 12 integrantes de la comisión de postulación de candidatos a magistrados de CSJ, hecho por el que la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo y ordenó repetir la integración de la postuladora.

8. Igmaín Galicia Pimentel

Abogado y Notario. Actual magistrado presidente de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Escuintla

Cuenta con una Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la USAC.  Ha sido catedrático en la UMG. 

Fue director del Consejo Nacional de la Juventud de la Presidencia de la República de Guatemala (CONJUVE). También, asesor Jurídico de la Municipalidad de San Vicente Pacaya (2012-2014) y Municipalidad de Nueva Concepción (2004-2008), ambas de Escuintla. 

También fungió como asesor jurídico en el Congreso de la República. Dentro de sus actuaciones como asesor,  fue uno de los abogados que emitió dictamen favorable al presidente del Congreso, Gudy Rivera, quien finalizó la interpelación a Pavel Centeno, Ministro de Finanzas, porque este último presentó su renuncia al cargo.

Fue candidato a diputado distrital de Escuintla por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), de Ríos Montt, en el proceso electoral del 2007 y luego asesor de la bancada en el Congreso. 

Según el Movimiento Pro Justicia, se le señala de haber sido el hombre de confianza de los legisladores Leonel Soto Arango y Baudilio Hichos, quienes tuvieron un papel importante como enlace y operadores en procesos de comisiones de postulación anteriores.

En mayo del 2019, buscó ser comisionado representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en las comisiones de postulación de candidatos a magistrados de cortes 2019-2024. Participó en la planilla 6, vinculada a Nester Vásquez Pimentel.

De acuerdo con información del Ministerio Público (MP) reportada al Congreso en mayo del 2020, tenía dos expedientes en investigación. Uno en la Fiscalía de Sección contra la Corrupción por el delito de cohecho pasivo y otro en la Fiscalía de Sección de Delitos Administrativos por el delito de prevaricato.

En noviembre de 2022, cuando presidía la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Escuintla, avaló revocar la falta de mérito dictada a favor del periodista Robinson Ortega, quien fue acusado de agredir a una agente policial cuando este documentaba una manifestación frente a la municipalidad de Tiquisate y los policías atacaron un bus con gas lacrimógeno. 

También encabeza una demanda ante la CorteIDH contra el Organismo Judicial en la cual alega un despido injustificado realizado en la década de los 90, cuando este formaba parte del comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial (STOJ) en donde a la fecha, buscan que el OJ reconozca tal despido que se dio tras la realización de una huelga y buscan el resarcimiento respectivo.

9. Flor de María Gálvez Barrios

Abogada y notaria. Actual magistrada presidenta de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Familia, desde 2014. 

Ha sido magistrada en la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Retalhuleu, Sala de Trabajo y Previsión Social, Sala de Apelación del Ramo de la Familia y ha integrado plenos de la CSJ. 

Cuenta con pénsum cerrado de un doctorado en derecho laboral por la UMG, una maestría en derecho procesal por la Universidad Panamericana (Upana) y un posgrado en Casación Civil por la Universidad de San Pablo de Guatemala.

Ha sido docente en la Universidad Francisco Marroquín (UFM) y USAC. 

Fue asesora legal del departamento de Asesoría Técnica del MP. Fue miembro del Consejo Consultivo de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) (2010-2011), vicepresidenta del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del OJ (2008-2009) y secretaria de la misma organización (2010-2011).

Es hermana del exrector de la USAC, Estuardo Gálvez. En 2020, el MP solicitó su retiro de inmunidad cuando era magistrada señalándola de haber incurrido en la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita. Sin embargo, la CSJ rechazó el antejuicio.

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10. Carlos Ramiro Contreras Valenzuela

Abogado y notario. Es magistrado presidente de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo desde hace 14 años. 

Fue juez del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal de Instrucción. También laboró en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal y Civil del departamento de Escuintla.

En el MP laboró como Agente fiscal y encargado de la fiscalía de casos especiales. 

Ocupó el cargo de viceministro de Gobernación durante el gobierno de Alfonso Portillo. También fue presidente de la Comisión Nacional de Refugiados, miembro del Consejo Directivo del INACIF y miembro de la Oficina de Protección a Testigos del MP. 

Participó en diversos proyectos de cooperación internacional enfocados en el sector justicia para UNOPS-MINUGUA, USAID y la Unión Europea. 

Integró la nómina final de candidatos a Fiscal General del proceso de postulación del 2010. 

En el 2011 fue recusado por la extinta CICIG y el MP por dudar de su imparcialidad para conocer la apelación contra la sentencia absolutoria a favor del expresidente Alfonso Portillo, emitida por el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal.

La Fundación Sobrevivientes denunció que Contreras Valenzuela actuó como abogado defensor de la empresa Proyecto de Obra Civil S.A., que pertenece al coronel retirado Jacobo Esdras Salán Sánchez y sus hermanos. 

En 2018, la Sala que preside amparó al partido oficialista FCN-Nación contra la cancelación del partido. 

11. Marta Susana Vides Lavarreda

Abogada y notaria. Actual magistrada presidente de la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Huehuetenango, cuenta con una trayectoria de 34 años de carrera judicial.

Inició como jueza de paz en Patulul, Suchitepéquez, pasando por judicaturas de dicho departamento hasta que en 2014, fue designada magistrada de Salas De Apelaciones integrando la que actualmente preside.

También fue parte de la Junta de Disciplina Judicial entre 2015 y 2016. 

Es doctora en derecho, magíster en derecho penal graduada de la USAC, así como magíster en Derecho Procesal Constitucional, egresada de la Universidad Galileo.

Según registros del Movimiento Pro Justicia, fue señalada por el abogado Álvaro Erick Montes de supuestos actos anómalos por haber emitido una resolución a favor de la jueza Carmen Acú Recinos. Montes había denunciado a Acú por presuntamente haber favorecido a directores del Banco de los Trabajadores señalados de anomalías.

De la misma manera, el MP reportó al congreso en 2020 que tuvo un expediente de investigación por supuestos delitos de coacción y amenazas que se llevaba en la Fiscalía de Santa Lucía Cotzumalguapa y otro por coacción, abuso de autoridad y usurpación de atribuciones en la Fiscalía de Suchitepéquez, el cual fue desestimado.

12. Lidia Judith Urizar Castellanos 

Abogada y notaria. Egresada de la USAC. Se ha desempeñado principalmente como abogada litigante para entidades bancarias como Citibank de Guatemala, Banco Uno, Centro Único de Crédito, Pacific Bank, Interconsumo, entre otras.

Ha dado asesorías legales al Organismo Judicial (OJ), donde también se desempeñó como coordinadora regional y subdirectora de la misma. Dio asesorías al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por tres años, durante la magistratura pasada, así también fungió como subsecretaria general de dicho ente.

Formó parte de las comisiones de postulación para elegir candidatos a magistrados de Salas de Apelaciones en el proceso 2019, siendo electa como representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) por parte de la planilla 7 – Plataforma de Profesionales por la Justicia, dicha agrupación gremial se le vincula al exrector Gálvez.

13. Flor de María García Villatoro

Actual magistrada suplente de la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Huehuetenango, cuenta con cierres de pénsum de un doctorado en Justicia y Derecho en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España.

También tiene otro cierre de maestría en Derecho Pineal por la USAC. Se ha especializado en medicina legal y ciencias forenses en la referida casa de estudios. 

Desde 2009 ha fungido como magistrada en diferentes Salas de Corte de Apelaciones en Quiché, Quetzaltenango, Retalhuleu y Zacapa. 

Fue jueza segundo penal y en 1999 tuvo a su cargo el caso por el asesinato de Monseñor Juan José Gerardi Conedera, siendo la juzgadora que ordenó la prisión preventiva de unp de los sospechosos del crimen, Obdulio Villanueva.

Registra dos solicitudes de antejuicio en su contra, una formulada por el MP en 2019 y otra en 2017 formulada por cuatro personas, dos de estos actuales fiscales auxiliares del MP. Ambos pedidos fueron rechazados.

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Según el Movimiento Pro Justicia, la magistrada es prima de Sergio Roberto López Villatoro conocido como “El Rey del Tenis” y fue beneficiada con un criterio de oportunidad en Amatitlán tras haber sido señalada de amenazas mientras que fue señalada en otro caso de incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial, pero el caso fue archivado.

14. Vilma Rossana Reyes González

Abogada y notaria. Fue magistrada de la Sala Regional Mixta de Apelaciones de San Marcos hasta 2023, también fue magistrada en las salas de Apelaciones de Suchitepéquez y Quetzaltenango entre 2014 y 2021.

Se desempeñó como jueza de paz en Retalhuleu y posteriormente ascendió a jueza de primera instancia pasando por judicaturas de San Marcos, Zacapa y Suchitepéquez.

Es magíster en ciencias forenses egresada de la Universidad de Valencia, España y licenciada en ciencias jurídicas y sociales por la USAC.

Según el Movimiento Pro Justicia, en el proceso de 2020, el MP reportó la existencia de dos denuncias en su contra, en el que se le señaló de prevaricato, pero ambas fueron desestimadas.

15. Dimas Jiménez y Jiménez

Abogado y notario. Fiscal regional metropolitano del Ministerio Público desde 2022. Anterior a dicho cargo se desempeñó como agente fiscal en las fiscalías: contra lavado de dinero, delitos de defraudación y contrabando aduanero y delitos económicos.

Es magíster en derecho constitucional egresado de la USAC y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales egresado de la UMG.

Es cercano a la fiscal general, María Consuelo Porras, y al secretario general, Ángel Pineda. Ha respaldado a la máxima autoridad del MP en distintas conferencias de prensa. 

Le fue presentado una tacha en su candidatura a magistrado de la Suprema por las ciudadanas Eleonora Muralles y Ana Margarita Castillo al no ser considerado idóneo para optar al cargo.

Se le señaló de suscribirse al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del MP que Porras habría negociado con el Sindicato de Trabajadores de dicha institución que ha dado pie para que la fiscal general destituya una serie de fiscales de forma arbitraria en los últimos años, como lo han denunciado organizaciones del sector justicia.

Asimismo, se le recriminó ser una persona afín a Porras, sancionada por 42 países bajo señalamientos de ser un personaje antidemocrático. 

También se le señala de formar parte de un grupo de fiscales regionales que solicitó a otros fiscales distritales fondos para financiar una campaña publicitaria a favor de Porras en medios televisivos.