En junio pasado, el Ministerio Público (MP), que dirige María Consuelo Porras, confirmó a La Hora la existencia de dos denuncias en contra del expresidente Alejandro Giammattei y su pareja Miguel Martínez, ambos señalados de, presuntamente, enriquecerse ilícitamente. Sin embargo, la Fiscalía contra la Corrupción aún no ha solicitado el retiro de inmunidad contra el exmandatario, el primer paso para iniciar una investigación.
Actualmente, Giammattei goza de inmunidad en su calidad de diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), cargo que asumió tras finalizar su mandato, según le permite el Tratado Constitutivo de ese organismo. De esa cuenta, el MP tiene prohibido iniciar pesquisas en su contra, a menos que solicite antejuicio y sea desaforado por el Congreso de la República.
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— Diario La Hora (@lahoragt) July 17, 2024
ACTORES DEL CASO COMPARTEN SANCIÓN
El controvertido exmandatario llegó a la silla presidencial impulsado por el partido Vamos por una Guatemala Diferente (VAMOS) en el 2019. Tres días después de culminar su período, el Departamento de Estado de EE. UU. lo sancionó y le prohibió su entrada al país por “su involucramiento en significativos actos de corrupción”.
Según Washington, disponen de “información fidedigna” que apunta a Giammattei de “aceptar sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante su mandato”. Un mes antes, Martínez también fue sancionado, pero EE. UU. le aplicó la Ley Global Magnistky que le congeló los activos y vetó del país por recibir “pagos irregulares” de contratistas del Estado y negociar con rusos un millonario botín por la compra de vacunas contra el COVID-19.
Las dos denuncias están bajo la tramitación de la Fiscalía contra la Corrupción, dirigida por Raúl Figueroa, uno de los fiscales aliados de Porras. El exjefe de esa unidad, Stuardo Campo, dijo a La Hora que las acciones del MP que impactan en la opinión pública siempre llevan el visto bueno de la fiscal general, a la fecha no han solicitado antejuicio contra Giammattei.
Campo se encuentra en prisión y atribuye su encarcelamiento como una “vendetta” por investigar la corrupción de funcionarios del entonces gobierno de Giammattei y también del expresidente Jimmy Morales. El exfiscal es considerado una víctima de persecución política en manos de Porras.
En la Fiscalía contra la Corrupción también labora el esposo de la fiscal general, Gilberto de Jesús Porres. Ambos también están vetados por EE. UU., bajo la Lista Engel, aunque Porras le saca ventaja con otras 41 sanciones tras el intento de golpe de Estado que emprendió, según la comunidad internacional, para impedir la investidura de Bernardo Arévalo como presidente en enero pasado.
MP SIN DAR PRIMER PASO
Mientras tanto, el MP presenta una serie de excusas del porqué no han presentado acciones en contra de Giammattei y Martínez. Este diario consultó al ente investigador sobre el avance de los casos en junio pasado y relegaron la responsabilidad al Juzgado Duodécimo Penal B, a cargo de la jueza Coloma.
En palabras del MP, «se han efectuado diversas diligencias», pero excusan que la judicatura no les ha programado audiencia desde hace casi tres meses desde que la solicitaron.
«Para la Fiscalía resulta de vital importancia contar con información de los bancos del sistema, en ese sentido, se solicitó el control jurisdiccional y autorización judicial con el objeto de recabar información bancaria relacionada con las personas investigadas. Sin embargo, desde el 4 de abril que se requirió el control jurisdiccional, no se ha fijado fecha para la celebración de la audiencia correspondiente», justificaron.
Esta denuncia nació el pasado 26 de octubre. El entonces candidato a la presidencia Roberto Arzú se apersonó al MP y denunció a Giammattei Martínez y otras nueve personas —entre particulares y exfuncionarios— señalándolos de, posiblemente, conformar «una supuesta estructura destinada a saquear al Estado y enriquecerse de manera ilícita a través de contrataciones de obra pública y servicios».
Coloma es la juzgadora contra quien el MP pidió una solicitud de retiro de antejuicio tras retirarle los cargos al exministro David Napoleón Barrientos, quien se opuso a usar la violencia contra manifestantes que solicitaban la renuncia de la fiscal general el año pasado.
Sobre la segunda denuncia se conocen pocos detalles. Según indicaron, en la denuncia se «señalan hechos relacionados con posibles acciones de enriquecimiento ilícito por lo que la Fiscalía contra la Corrupción investiga la denuncia por la posible comisión del delito de peculado por sustracción».
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AMIGA DE GIAMMATTEI
Durante el año 2020, Giammattei se refirió a Porras como «su amiga», incluso salió en su defensa cuando la fiscal general fue sancionada por primera vez por el mismo Departamento que lo restringió.
A la fecha, las investigaciones en contra de Giammattei y Martínez no registran avances, y el ente investigador se ha limitado a proporcionar información en respuesta a las interrogantes.
En octubre del año pasado se conoció que el MP cerró el caso popularmente conocido como «Alfombra Mágica», donde supuestamente Giammattei estaría implicado por presuntamente haber recibido una suma millonaria de dólares envuelta en una alfombra, a cambio de una concesión en el puerto Santo Tomás de Castilla.
