Abogado insiste en frenar elección de cortes: pide medidas cautelares ante la CIDH y señala a Arévalo

El abogado Melkin Amílcar Escobar Palma —quien ha asesorado jurídicamente a los partidos políticos BIEN, CABAL, VAMOS y UNE— insiste en qué la elección de magistrados para Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelación debe quedar suspendida hasta 2028. Tras recurrir a la Corte de Constitucionalidad (CC), ahora solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que le den la razón.

Pese a su vinculación con dichas agrupaciones políticas, Escobar Palma solicitó las medidas cautelares en su calidad de ciudadano guatemalteco reclamando la presunta violación a los artículos 208 y 215 de la Constitución de la República de Guatemala por parte de una resolución de los magistrados de la CC. El jurista invoca dichos artículos, los cuales establecen que los magistrados de esas cortes deben permanecer en el cargo cinco años al ser nombrados.

En contraparte, expertos en materia constitucional aseguran que la resolución de la CC de noviembre 2023 es clara en que los actuales magistrados fueron elegidos para finalizar el período 2019-2024 en octubre de este año, luego de que la antigua magistratura, presidida por Silvia Valdés, prolongara sus funciones por casi dos períodos en complicidad del Congreso de la República.

SEÑALA A ARÉVALO

Son cuatro los abogados que a título personal se oponen a una nueva elección de cortes y aseguran que los 13 magistrados de la Suprema y 225 de las Salas deben permanecer cinco años y no solo finalizar el período. Escobar Palma presentó una acción de amparo que fue rechazada y una acción de inconstitucionalidad que aún está por dilucidarse por las autoridades de la CC.

«La urgencia para abordar este problema radica en la necesidad de preservar la integridad del sistema judicial y mantener el Estado de derecho en Guatemala», consignó Escobar Palma en el documento presentado ante la CIDH que no se mantiene lejano de la narrativa del sector conservador del país quien preocupa supuesta injerencia en el proceso de elección de magistrados por parte del presidente Bernardo Arévalo.

«La violación de los plazos constitucionales y la disminución de la independencia de los magistrados y jueces representan una amenaza inmediata a la separación de poderes, a la imparcialidad de la justicia y al respeto a la Constitución, siendo azotada por las injerencias indebidas por parte del Organismo Ejecutivo», urgió resolver a la Comisión que pertenece a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Dichos señalamientos contra Arévalo iniciaron en marzo pasado, luego de que el mandatario pidiera desde el podio de la OEA en Washington, que el organismo acompañara a través de una misión de observación el proceso de elección de autoridades judiciales para garantizar transparencia.

El pasado 24 de junio, una misión de la OEA empezó su labor en Guatemala para verificar las próximas elecciones de magistrados con un encuentro en el que participó el presidente. La Hora preguntó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia sobre lo anterior, pero al cierre de la edición de esta nota no se consiguió una postura.

RECLAMA PLAZOS CONSTITUCIONALES

De acuerdo con Escobar Palma, «los acuerdos legislativos 14-2023 y 16-2023 del Congreso de la República de Guatemala buscan reducir el plazo constitucional de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de las Cortes de Apelaciones, así como de otros tribunales colegiados».

Asimismo, asegura que «esta reducción del plazo contradice directamente lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala en los artículos 208 y 215, que garantizan la independencia y estabilidad de los magistrados y jueces en sus funciones por un periodo de cinco años, además de establecer procedimientos específicos para su nombramiento y cese».

VOCES SE OPONEN

Sobre las acciones legales promovidas, el abogado constitucionalista Edgar Ortiz asegura que «los amparos denotan malicia o ignorancia sobre la jurisprudencia constitucional» y recordó una sentencia de la CC que «reafirmó que los períodos constitucionales son fijos, independientemente de la fecha de inicio del cargo», relacionado con la exfiscal general Claudia Paz y Paz.

Ortiz explicó que el atraso de la elección de cortes de 2019 fue por cuestionamientos que culminaron en una acción de amparo presentada por la fiscal general, Consuelo Porras, contra el Congreso ante la amenaza de elección de candidatos no idóneos.

«Los actuales magistrados tomaron posesión para concluir el período de la Corte anterior, debido a que por diversos recursos legales, se retrasó la elección de magistrados por cuatro años, desde 2019, hasta que la CC conminó al Congreso para realizar dicha elección basada en los candidatos postulados en aquella época», sostuvo.

Mientras que el actual presidente de la Suprema, Oscar Cruz, está de acuerdo en qué su período finaliza en octubre del presente año. “Nosotros (los magistrados) somos muy respetuosos de la Constitución, pero más de la Constitución de la alternabilidad del poder y el cambio debe suceder”, subrayó.

“Es importante que se respete primero la Constitución República de Guatemala, que establece claramente que el 13 de octubre es el cambio de los magistrados de la Corte Suprema y Apelaciones”, respondió a La Hora en una entrevista.

CC EN LA MIRA

Una publicación de este medio, señala que luego de que el magistrado Nester Vásquez asumiera la presidencia de la CC, ahora el tema y encrucijada del más alto organismo se centra en evaluar la prolongación de funciones de los magistrados que conforman la CSJ y Salas de Apelación.

Fuentes con información indicaron que en el más alto tribunal se mueven las fichas del tablero para repetir un nuevo retraso en la elección de CSJ y Cortes de Salas de Apelación y, por ende, mantener en el Organismo Judicial a Cruz, quien es afín a Sergio López Villatoro, más conocido como «el Rey del Tenis».

Asimismo, también hay magistrados titulares que se oponen a la idea y piden que debe haber congruencia con lo que se decidió el año pasado al ordenar la elección de magistrados del OJ.

Tras nueva presidencia en la CC, evalúan prolongar funciones en el OJ