El Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras insiste en perseguir penalmente a jueces penales que emiten resoluciones que no son de su agrado. Karen Chinchilla es una de las últimas juzgadoras que el ente investigador tiene en la mira, luego de que otorgara medidas sustitutivas a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes enfrentan un caso político, según sus declaraciones, promovido desde el MP.
En marzo pasado, la Fiscalía de Delitos Administrativos, con Edwin Marroquín a la cabeza, interpuso una solicitud de retiro de inmunidad contra Chinchilla bajo señalamientos de incurrir en los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad. Además, presentaron una recusación para que una Sala de Apelaciones le quite de sus manos el caso. Con esta última acción el expediente podría cambiar de juzgado.
Las dudosas maniobras del Ministerio Público contra los magistrados del TSE
PRESENTACIÓN VOLUNTARIA
Los magistrados Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas fueron despojados de su inmunidad el 30 de noviembre de 2023 por 108 diputados del Congreso de la República, a quienes Estados Unidos días después sancionó por dicha acción que «socavaba la democracia», ante los intentos del MP de impedir que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieran el poder.
Sin embargo, no fue hasta el 11 de enero que se emitieron órdenes de captura contra los magistrados, quienes para ese entonces se encontraban fuera del país gozando licencia de vacaciones acumuladas. De esa cuenta, el 14 de marzo se presentaron de forma voluntaria ante el Juzgado Duodécimo Penal A, que dirige Chinchilla, para solventar su situación jurídica y conocer audiencia de primera declaración.
Los jueces electorales llegaron pasadas las ocho de la mañana de ese día. Presentaron sus documentos de identificación personal ante la judicatura junto a su abogado, César Calderón. Entonces, la Fiscalía asegura que fueron notificados por dicha judicatura de la presentación de los magistrados del TSE al Juzgado Duodécimo A.
Magistrados del TSE se presentan voluntariamente ante juzgado por acusación del MP
«Al tener conocimiento que se presentaron a dicha judicatura, se presentó personal de la División Especializada en Investigación Criminal, pues dichos sindicados contaban con órdenes de aprehensión vigentes, motivo por el cual se debía realizar el procedimiento policial respectivo, y al momento de presentarse a la sede de dicha Judicatura se informó que el mismo no pudo realizarse», reclama el MP sobre la infructuosa captura de los togados del TSE.
No obstante, la declaración de una agente policial ante el MP detalla que la aprehensión no se pudo ejecutar porque los magistrados no se encontraban en el lugar. «En vista que no los tuvo a la vista, se retiró por no poder realizar las órdenes de aprehensión», se consigna en la recusación.
Por lo anterior, el MP asegura que la jueza Chinchilla incurrió en los dos supuestos delitos. Cabe destacar que La Hora reportó ese mismo día que agentes policiales se encontraban fuera de la judicatura en donde permanecían los magistrados a espera de una audiencia.
#AhoraLH | Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC se hacen presentes en las afueras del Juzgado Duodécimo Penal, en donde los cuatro magistrados titulares del TSE se presentaron de forma voluntaria por el caso de la compra del sistema… pic.twitter.com/FX9hnCaHoo
— Diario La Hora (@lahoragt) March 14, 2024
MP RECLAMA FRUSTRADA DETENCIÓN
«En ese orden de ideas, se ha podido establecer a través de las declaraciones del personal policial que se han variado las formas del proceso, al/no permitir que se llevará a cabo la captura de los sindicados, considerando que con su actuar se dejó de cumplir con el procedimiento policial de aprehender a los sindicados que contaban con orden de aprehensión vigente, y que no había sido revocada por la señora Juez», reclama la fiscalía.
De acuerdo con la recusación, «se denota el interés (de la jueza), dado que de acuerdo a la programación de audiencias de ese día todas fueron reprogramas, afectando a los sujetos procesales de dichas audiencias, para que se llevara a cabo ese mismo día la audiencia, lo cual no es común en la práctica tribunalicia».
«Pues cuando alguien se presenta voluntariamente y cuenta con orden de aprehensión como sucede en el presente caso, solo se le hace saber el motivo de su detención y lo envía a carceletas y programa audiencia lo más próximo que se pueda, pero es evidente su imparcialidad al haberlo realizado de forma inmediata, dándole preeminencia a esta audiencia, nuevamente demostrando un interés en beneficiar a los sindicados motivos suficientes de recusación».
Por lo anterior, el MP presentó una recusación en contra de la juzgadora que tiene como finalidad separarla del proceso y designar a un nuevo juez contralor a la carpeta judicial. De hecho, la jueza original del caso era Wendy Coloma, pero el ente investigador también la recusó y de esa cuenta pasó a manos de Chinchilla.
Organizaciones de sociedad civil y ex operadores de justicia señalan que el MP busca jueces ad hoc que resuelvan bajo los intereses de la Fiscalía y no con base en la ley a través de una independencia judicial. El exjuez Carlos Ruano, exiliado tras una persecución desde el MP, asegura que buscan jueces dóciles que obedezcan a las mafias dentro del sistema de justicia.
Además, la fiscalía también busca llevar a la jueza Chinchilla a comparecer ante la justicia por los delitos de prevaricato y abuso de autoridad por lo anterior y por no enviarlos a prisión preventiva tras ligarlos a proceso por supuestas anomalías en la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), utilizado durante las elecciones generales de 2023 en Guatemala.
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CASO SIMILAR
Un caso similar es el de Alejandra Chiroy, exjefa del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La extrabajadora fue detenida en febrero pasado a pesar de haber enviado una notificación al juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, mostrando su disposición a someterse a un proceso judicial.
Chiroy fue detenida dentro de las instalaciones del edificio de Torre de Tribunales, en el pasillo del Juzgado Séptimo Penal por agentes de la PNC. De esa cuenta, fue conducida al sótano 2, en donde se ubican las carceletas de dicha institución. Posteriormente, el juez Orellana celebró su audiencia de primera declaración y la ligó a proceso por el delito de incumplimiento de deberes y la benefició con medidas sustitutivas.
Lo anterior es lo que el MP reclama para los cuatro magistrados del TSE: una aprehensión. La extrabajadora fue sujeta a publicaciones en su contra desde cuentas identificadas como parte de una red de netcenter, quienes utilizaron fotografías de prensa en donde se le veía con esposas en las manos.
