Juez Villeda denuncia tendencia de celebrar audiencias en secretividad y retroceso en la justicia

Diego España
Diego España

Durante la audiencia de extinción de bienes de Manuel Baldizón, el juez Marco Antonio Villeda denunció de forma pública la tendencia en el sistema de justicia de «querer volver las audiencias secretas», luego de que el Ministerio Público (MP) y los abogados de Baldizón solicitaran que la diligencia fuera declarada bajo reserva y de esa cuenta la prensa abandonara la sala de audiencias sin derecho a informar sobre lo después ocurrido.

En los últimos años, los jueces y magistrados han accedido a los pedidos del MP y abogados de personajes señalados de cometer actos de corrupción para celebrar las audiencias a puerta cerrada, sin que la prensa y sociedad pueda observar los procesos. Lo anterior ha sido tachado por operadores de justicia y organizaciones como una práctica abusiva que se opone a la transparencia, fiscalización e independencia de la justicia.

El juez Villeda está a cargo del Juzgado de Extinción de Dominio desde hace 13 años. Sin embargo, en abril pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que preside Oscar Cruz, decidió removerlo de esa judicatura. Las redes sociales reprocharon la decisión y apuntaron a que buscan deshacerse de jueces con probidad e independencia.

DENUNCIA ABUSO DE LA RESERVA

La intervención del juez Villeda tomó lugar este 25 de junio, durante la audiencia en que Baldizón, excandidato a la presidencia y condenado en EE. UU. por delitos relacionados con el narco, pediría la devolución de por lo menos 50 bienes que se han mantenido inmovilizados como producto de una investigación al asegurar que estos fueron obtenidos de forma ilícita como producto de acciones de lavado de dinero.

El MP y el abogado de Baldizón, Saúl Zenteno, minutos después que se iniciara la audiencia le solicitaron al juzgador la reserva del caso. Sin embargo, Villeda se opuso y refirió que en el proceso de extinción de dominio existen dos etapas procesales y en la que actualmente se encontraban no daba lugar a una reserva, puesto que la fase de investigación ya había sido agotada y de esa cuenta no existía peligro de filtrar información.

«Quiero aclarar esto porque sí he notado a nivel general, no hablo solo de tema de extinción de dominio, una tendencia a querer volver las audiencias secretas. Y quiero denunciar esto públicamente porque la razón de que en Guatemala en 1992 hizo una reforma procesal penal y convirtió el proceso penal en un proceso con tendencia al acusatorio y busco que fueran públicos precisamente para transparentarlos», destacó.

El juez Villeda recordó el porqué es importante no abusar de la figura de la reserva judicial. «Fue para que el proceso no se pudiera manipular desde la secretividad y que la sociedad a través de los medios de comunicación pudieran fiscalizar la actuación de los jueces abogados, fiscales y poder cómo estaban actuando a los procesos», precisó.

«Esto se los digo porque tuve la oportunidad de trabajar en los dos sistemas. Trabajé en el inquisitivo, cuando el proceso era inminentemente secreto y daba paso a la corrupción y manipulación de las pruebas al cual la sociedad no tenía acceso. Y en 1991-1992, que se estuvo discutiendo la secretividad, justamente se buscaba eliminar eso y no dar pie a esa tendencia, sino a transparentarlo. La única forma fue hacer público el proceso», comparó y advirtió sobre las malas prácticas que se realizan hoy en día.

Villeda subrayó que le llama la atención como últimamente «se está dando esa tendencia a casi regresar al sistema inquisitivo, donde todas las audiencias eran secretas» y urgió que «no se puede ir por ese camino». «Por eso no vale esa argumentación suya, señor fiscal, de que ‘no existe una ley de que las audiencias son públicas’. Son públicas porque esa es la tendencia mundial», resolvió a la petición del fiscal del MP.

EN SECRETIVIDAD

La reserva judicial se justifica en ocasiones para proteger la privacidad de las partes involucradas, asegurar la integridad de las investigaciones, y evitar la manipulación de pruebas. Sin embargo, en Guatemala esta práctica ha sido cuestionada por la frecuencia con la que el MP, que dirige María Consuelo Porras, y jueces piden aplicarla en casos de alto impacto o señalados de persecución política.

Por ejemplo, los casos de ex operadores de justicia como Virginia Laparra, Eduardo Pantaleón, Claudia González y Stuardo Campo se han tramitado a puerta cerrada con prohibición de contar a la prensa lo sucedido. Todos aseguran ser víctimas de una persecución política por investigar actos de corrupción y han sido respaldados por organismos internacionales como Amnistía Internacional o las Naciones Unidas.

Mientras que los políticos ligados a casos de corrupción han sido beneficiados con resoluciones durante las audiencias en donde se impide a la prensa informar a la población. Algunos de ellos son los exministros de Comunicación: Alejandro Sinibaldi y José Luis Benito. Así como, Baldizón, quien este martes solicitaba la reserva del caso.

Organizaciones que fiscalizan el sector justicia y reportes de prensa han señalado de ese abuso a jueces penales como Fredy Orellana, Sergio Mena, Jimi Bremer, Víctor Cruz y Abelina Cruz.