Luego de seis meses del atentado en contra de la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), Leyla Lemus, en donde una radiopatrulla designada para su seguridad perimetral fue prendida en llamas por una aparente explosión, el Ministerio Público (MP) perfila a más de tres sospechosos en el caso, pero ninguno ha sido citado a primera declaración o detenido bajo presuntos cargos.
Por su parte, el Ministerio de Gobernación (Mingob) en respuesta a preguntas realizadas por La Hora indicó que ejecutaron un análisis de riesgo a la magistrada Lemus y el resultado fue que se encuentra en un nivel «alto». Sin embargo, no detallaron más por medidas de seguridad, justificaron.
El pasado 11 de diciembre, en horas de la madrugada, dos sujetos —de quien se desconoce su identidad— se vieron involucrados en el incendio de un vehículo de la Policía Nacional Civil (PNC). Sin embargo, no fue hasta 10 días después que se supo del hecho, cuando el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) lo reveló y relacionó con la crisis democrática que azotaba a Guatemala ante un intento de golpe de Estado.
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POCOS AVANCES
De acuerdo con la información oficial del MP, la Unidad contra el Tráfico Ilegal de Armas de Fuego, de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, en coordinación con la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) y de la PNC desarrollan diligencias y dieron seguimiento a distintas líneas de investigación con relación al hecho.
«Como parte de las acciones efectuadas hasta el momento se ha solicitado información a diversas instituciones, ejecutado diversos análisis, efectuado investigaciones de campo e investigaciones con el apoyo de DEIC», detalló el ente investigador.
Asimismo, explicaron que recabaron declaraciones testimoniales, entre ellas la de la magistrada Lemus, y también realizaron entrevistas a posibles testigos del hecho.
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PERFILAN A SOSPECHOSOS
La unidad de comunicación social del MP detalló que los dos sujetos que se observan en las grabaciones de las cámaras de videovigilancia que reveló La Hora y otros sujetos «han sido perfilados como sospechosos dentro de este caso, en relación con los cuales también se desarrollan diligencias que permitan su plena individualización».
El ente persecutor detalló que el caso se encuentra a cargo del Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal especializado en Delitos contra el Ambiente y Patrimonio Cultural de Guatemala. Aunque se preguntó si es la jueza Wendy Coloma o Karen Chinchilla quien tiene a cargo el expediente, el MP se limitó a responder.
«En ese sentido, la fiscalía se encuentra realizando el análisis de la información recabada con el propósito de que, en el momento procesal oportuno, se puedan plantear ante el órgano jurisdiccional en mención, las solicitudes que en derecho correspondan», subrayó a casi seis meses después del atentado.
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EL HECHO
El suceso ocurrió tres días antes de que la CC ordenara, de manera definitiva, garantizar el cambio de mando el 14 de enero de 2024, como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, ante el panorama de un intento de golpe de Estado fraguado desde el MP, que buscaba bloquear a Bernardo Arévalo.
Según pudo conocer este Diario, la autopatrulla GUA – 11066 de la Policía que explotó estaba asignada a la magistrada Lemus desde mediados de mayo pasado para el resguardo perimetral de la vivienda de la funcionaria. El vehículo no acompañaba a la magistrada, estaba asignado solo para darle protección a su domicilio.
En la grabación del 11 de diciembre de 2023 se observa a un sujeto a las 4 de la mañana, con 44 minutos y un segundo, quien abre la puerta de la radiopatrulla, ingresa a la misma y permanece 40 segundos dentro del vehículo policial.
Acto seguido, un segundo sujeto aparece y el primero sale del auto, ambos se encuentran por unos segundos y se separan. El segundo cruza la calle y se planta en paralelo a la radiopatrulla a la espera de qué algo suceda y el primero regresa al vehículo.
Pasados unos segundos y con precisión, la autopatrulla explota a las 4:45:00 y el fuego alcanza al sujeto, quien sale del vehículo apresurado y con destino hacia la segunda persona que permanece expectante del fuego.
MEDIDAS CAUTELARES
Derivado de esto, la magistrada recurrió a solicitar una protección internacional ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en búsqueda de que se le ordenara al Estado de Guatemala adoptar las medidas necesarias para proteger su vida y seguridad, ante amenazas existentes en su contra.
Para el 13 de enero de este año, la CIDH le otorgó las medidas cautelares y en un comunicado indicó que «tras analizar la información presentada por la PNC y el MP, la Comisión valoró que no resulta controvertido que los hechos del 11 de diciembre de 2023 ocurrieron cuando agentes de la PNC no estaban brindando protección a Lemus, debido a su reasignación por órdenes de la propia institución y pese al esquema determinado por el propio Estado».
«En ese sentido, se observó que el cambio en dicho esquema de seguridad fue realizado de manera no coordinada con la propuesta beneficiaria y que el Estado no designó agentes reemplazo para continuar con su implementación adecuada, tampoco lo habría reforzado tras el evento referido», subrayó.
