En total secretismo, ligan a proceso a Campos y Pineda; los envían a prisión

Diego España

El sancionado juez Décimo Penal B, Jimi Bremer, dio la razón al Ministerio Público (MP) y ligó a proceso penal a los exfiscales anticorrupción Stuardo Campo y Lesly Pineda en un nuevo caso que se resuelve a puerta cerrada y es señalado por los exfuncionarios de ser una represalia por no obedecer «ordenes ilegales» de la Fiscal General, María Consuelo Porras.

Los exoperadores de justicia fueron capturados el pasado 1 de diciembre y fueron enviados a prisión provisional al centro preventivo Mariscal Zavala. Hoy el juzgador confirmó que Campo y Pineda deben permanecer privados de libertad.

 

ABRE INVESTIGACIÓN

La tarde de este lunes 18 de diciembre, el juez Bremer resolvió abrir una investigación en contra de Campo y Pineda por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y denegación a la justicia, luego de escuchar los argumentos de la fiscal Brenda Guzmán, quien está a cargo del expediente y se limitó a dar declaraciones.

Ambos exfiscales presentarán una apelación para revertir la decisión del juez Bremer. «No existen indicios y las evidencias del Ministerio Público no dan una», sostuvo Campo ante la prensa.

La audiencia resolutiva duró tres horas. La prensa no tuvo acceso a documentar la diligencia puesto que la carpeta judicial se encuentra bajo reserva total y de esa cuenta solo las partes procesales son las autorizadas de ingresar a la audiencia.

fiscal Campo
Stuardo Campo, quien investigó a algunos ministros de Gobierno y jueces implicados en casos de corrupción. Foto La Hora / José Orozco

Para el pasado 15 de diciembre se tenía programada esta audiencia, pero quedó suspendida por una fumigación que el Organismo Judicial (OJ) realizó en las instalaciones del Juzgado Décimo.

Campo ya había sido beneficiado con arresto domiciliario por un primer caso en su contra y obtuvo control telemático; sin embargo, el MP solicitó su orden de aprehensión en vez de citarlo. «Mi orden de captura es de forma maliciosa porque no hay peligro de fuga», aseguró el exfiscal a La Hora.

PERSECUCIÓN POLÍTICA

Previo a ingresar a la audiencia, Campo respondió a La Hora que su detención obedece a una venganza de las personas a las que investigó cuando era el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción durante el Gobierno del entonces presidente Jimmy Morales.

«Es una represalía por no prestarme a actividades ilícitas fraguadas por los corruptos, que desgraciadamente han mantenido el control de diferentes instituciones del Estado y recibo estas ordenes de captura por el Ministerio Público como un reconocimiento por hacer mi trabajo de la forma correcta», denunció Campo.

Asimismo, el exfiscal aseguró que «no se prestó al Pacto de Corruptos y en definitiva enderezó las investigaciones que correspondían de conformidad a la ley en contra de las personas señaladas», subrayó.

La fiscal Lesly Pineda
La fiscal Lesly Pineda estuvo a cargo del caso Libramiento de Chimaltenango. Foto La Hora / José Orozco

Campo fue trasladado en abril de 2021 de encabezar a la Fiscalía contra la Corrupción a la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, días antes había confirmado a la prensa sobre una investigación que involucraría al exmandatario Jimmy Morales.

Se intentó comunicación con la exfiscal Lesly Pineda; sin embargo, no quiso detallar información a la prensa, mas sí secundó lo que su compañero denunció ante los medios de comunicación.

 

PROCESO PENAL

El caso está bajo reserva total, pero según informaron fuentes judiciales, el proceso penal podría derivarse de supuestas anomalías dentro de la investigación que el MP realizó en la Zona Libre Santo Tomás de Castilla, Zolic, en un caso por supuesta defraudación tributaria. A la fecha ya hay personas condenadas por estos hechos.

fiscal Guzmán
La fiscal Brenda Maribel Guzmán Anavisca, quien está a cargo del caso. Foto La Hora / José Orozco

Esta es la segunda vez que el exfiscal Campo es detenido en lo que va del año. El pasado 26 de mayo, fue capturado por una denuncia que en su contra presentó la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), entidad señalada de perseguir a operadores de justicia y voces críticas al Gobierno, como periodistas y activistas.