Un grupo de ciudadanos y abogados presentarán el próximo lunes 11 de diciembre una solicitud de debida ejecución del amparo provisional que les otorgó la Corte de Constitucionalidad (CC) ante la amenaza al orden democrático y alternancia del poder, derivado de las últimas acciones del Ministerio Público (MP) de la Fiscal General, María Consuelo Porras, y el Secretario General, Ángel Pineda.
La solicitud será interpuesta mañana a las 9:00 horas frente al máximo tribunal constitucional, luego de que el pasado viernes 8 de diciembre la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ejecutara su más reciente intento por entorpecer el cambio de mando, que el 14 de enero de 2024 llevaría a Bernardo Arévalo a la silla presidencial.
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BUSCAN PRESERVAR LA DEMOCRACIA
El recurso legal busca que los magistrados de la CC ordenen “preservar el régimen democrático del Estado, especialmente la alternabilidad en el ejercicio del poder”, según el amparo que el pasado 7 de octubre obtuvo un grupo de 10 profesionales del derecho y ciudadanos preocupados por la democracia del país.
La CC responde por los resultados (por ahora) en el comunicado
La solicitud ocurre en medio de una crisis democrática en Guatemala, luego de que el MP, en rueda de prensa, declaró como “nulas de pleno derecho” las elecciones generales 2023, acción que fue calificada de forma inmediata por la Organización de los Estados Americanos (OEA) como un «Golpe de Estado«.
Analistas ven usurpación de autoridad del TSE al decir que comicios son nulos
La maniobra del MP había sido acusada por Arévalo desde hace varios meses. Ahora el grupo de ciudadanos y juristas busca que la oficialización de los resultados de los comicios por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) permanezca «incólume«, como resolvió en el amparo provisional.
De esta cuenta, se intenta detener el uso arbitrario y abusivo de la Ley contra la Delincuencia Organizada que ha realizado el MP y el juez Fredy Orellana en contra del partido político Movimiento Semilla, suspendido de forma temporal, así como el excesivo uso de mecanismos de investigación penal contra el proceso electoral.
«GOLPE DE ESTADO»
Pese a que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), en noviembre pasado, aseguró que no hubo fraude, y externó su preocupación por las acciones de la FECI en contra del proceso electoral y que la OEA se ha mantenido vigilante del proceso, la referida unidad de investigación ahora asegura supuestas anomalías que anularían el proceso, a su criterio.
Ese hecho generó una controversia, derivado de que esta es una facultad que le corresponde de forma única al Tribunal Supremo Electoral (TSE), según expertos en materia constitucional.
