Este 20 de marzo de 2023, se inició con la audiencia de primera declaración de tres sospechosos de defraudar al Estado de Guatemala, por la suma de más de Q67 millones, por medio del recién inaugurado Hospital Nacional de Chimaltenango.
Dicha audiencia se llevó a cabo en el Juzgado Décimo Penal y la audiencia estuvo a cargo del juez Víctor Cruz quien escuchó la imputación de los delitos contra de dos exfuncionarios del Ministerio de Salud Público y Asistencia Social (MSPAS) y una particular, detenidos por el desfalco millonario.
Juzgado Décimo inicia audiencia de primera declaración de tres sospechosos de un supuesto desfalco de Q67 millones por medio del Hospital Nacional de Chimaltenango.
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— Diario La Hora (@lahoragt) March 20, 2023
Al exviceministro de Hospitales del MSPAS, Gerardo David Hernández García, se le imputó la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias, fraude y asociación ilícita.
En tanto el director del Hospital Nacional de Chimaltenango, Gerardo Arturo Fuentes Rubio, y la representante legal de la empresa Voltar Intermedia S. A., Luisa Fernanda Villagrán Méndez, por los delitos de fraude y asociación ilícita.
AUDIENCIA CONTINUARÁ PRÓXIMO VIERNES
Tras imputar los delitos, el juez Cruz decidió suspender la audiencia y se reprogramó la misma para el próximo 24 de este mes.
De momento guardarán prisión provisional hasta que sean ligados a proceso penal y se conozca si el juez los beneficia con arresto domiciliario, o si llegaran a dictarles falta de mérito, es decir, cerrar el proceso y con ello la persecución penal.
Hernández García fue enviado al cuartel militar Mariscal Zavala, en cuanto a Fuentes Rubio y Villagrán Méndez al centro carcelario Matamoros.
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EL CASO
Según la investigación de la fiscalía, los tres señalados posiblemente se concertaron para defraudar al Estado de Guatemala mediante la adquisición de equipo médico valorado en más de Q67 millones.
La construcción de la obra fue financiada por la República de China-Taiwán a un costo estimado de US$22 millones y el equipamiento del centro asistencial le correspondió al gobierno de Guatemala. Es decir, el supuesto desfalco millonario proviene de este último proceso.
