Este 25 de enero, el exviceministro de Comunicaciones, Jorge Rodolfo Ortiz Asturias y Erick Armando Soto Herrera, acusados dentro del caso, solicitaron por medio de un escrito, al Juzgado de Mayor Riesgo “D” se les programe una audiencia para el procedimiento de aceptación de cargos.
Actualmente el proceso se encuentra en la etapa intermedia. De esta forma, Ortiz Asturias y Soto Herrera buscan que se les condene por los delitos imputados, cabe resaltar que por medio de este procedimiento a los señalados se les imponen las penas mínimas y pueden obtener una libertad condicional, en la mayoría de los casos.
La FECI indicó que se trata de un nuevo caso aparte del que se sigue en contra de Zamora. Más detalles aquí ⬇️ https://t.co/FJVOr0FlXP
— Diario La Hora (@lahoragt) January 25, 2023
El juez Juan José Jiménez Tejax programó audiencia para el 16 de febrero del presente año. Ese día entrará a conocer la solicitud de ambos procesados.
LOS DELITOS Y LA ACUSACIÓN
Ambos son señalados por su presunta participación en una estructura dirigida por el exministro de Comunicaciones del extinto Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi Aparicio.
Jorge Rodolfo Ortiz Asturias es acusado por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y peculado. El Ministerio Público (MP) lo señala de haber recibido US$2 millones 600 mil que habría pagado la constructora brasileña Odebrecht.
Ortiz fue el primer exfuncionario que solicitó la aplicación de la Ley de Aceptación de Cargos en 2021; sin embargo, su petición quedó en impasse porque la Corte de Constitucionalidad mantenía suspendida la vigencia del decreto.
El procesado decidió acogerse a la Ley de Aceptación de Cargos y declaró su responsabilidad como testaferro en el referido negocio. Aquí detalles ⬇️ https://t.co/pgaTEkNHcQ
— Diario La Hora (@lahoragt) January 25, 2023
En tanto, Erick Armando Soto Herrera es acusado por el delito de peculado por sustracción, se le señala por firmar un contrato de otra sindicada en el caso, esta habría cobrado un salario de Q18 mil mensuales en la Dirección General de Correos y Telégrafos entre 2013 a 2015.
EL CASO
La investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) en 2018 develó una supuesta estructura de corrupción por el cobro de sobornos a distintos contratistas del Estado a cambio de que el Ministerio de Comunicaciones les realizara pagos en el extranjero.
La forma de operar era la siguiente: se ejecutaban vía entidades de off shore, con simulación de contratos de asesorías o préstamos, además de pagos por contratación de asesorías o sobornos destinados a financiamiento electoral ilícito.
