El guatemalteco Daniel Zavala Ramos, alias “Dany ZR”, señalado como líder de una estructura de tráfico ilícito de personas, se declaró culpable en Estados Unidos por su participación en el accidente con múltiples víctimas ocurrido en diciembre de 2021 en Chiapas, México, donde murieron más de 50 migrantes que se dirigían a Estados Unidos.
Zavala Ramos fue capturado el 7 de agosto de 2025 en la aldea El Boquerón, Joyabaj, Quiché, durante un operativo de la Policía Nacional Civil (PNC).
La detención se realizó con fines de extradición hacia Estados Unidos, país que lo requería por su vinculación con redes de tráfico de personas, derivado de la tragedia en Chiapas.
Según las autoridades, era el último de cinco integrantes buscados de la estructura criminal denominada “Los Chiapas”, con lo cual se dio por desarticulado el grupo.
SE DECLARA CULPABLE EN EE. UU.
De acuerdo con la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Zavala Ramos, de 42 años, aceptó haber conspirado con otros traficantes para trasladar migrantes, en los que había menores no acompañados, desde Guatemala, a través de México, con destino final en territorio estadounidense.
La red reclutaba principalmente a guatemaltecos, cobraba por el traslado y organizaba viajes en condiciones precarias, utilizando rutas a pie, microbuses, camiones de ganado y tráileres.
El caso es de lo ocurrido el 9 de diciembre de 2021, cuando un camión con remolque que transportaba al menos 160 migrantes se accidentó cerca de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. El hecho dejó 56 personas fallecidas y más de 100 heridas, varias de gravedad.
Según documentos judiciales, los migrantes pagaban a la estructura para ser introducidos ilegalmente en Estados Unidos y, en algunos casos, incluso se proporcionaban guiones a menores para que los utilizaran en caso de ser detenidos por autoridades migratorias.
Zavala Ramos se declaró culpable del delito de conspiración para introducir y trasladar migrantes indocumentados poniendo en peligro sus vidas, causando lesiones graves y la muerte.
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Está previsto que sea sentenciado el próximo 7 de julio, y enfrenta una pena máxima de cadena perpetua, la cual será determinada por un juez federal conforme a las directrices de sentencia y otros factores legales.
La investigación fue liderada por agencias estadounidenses, incluyendo el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en coordinación con autoridades de Guatemala y México.
