La bancada VOS presentó este lunes una iniciativa de ley que busca prevenir y sancionar las comunicaciones ilícitas en los centros de privación de libertad para reducir los delitos como las extorsiones que, según los legisladores, provienen directamente de las cárceles.
El diputado José Chic explicó que esta propuesta es a raíz de la falta de acciones del Ministerio de Gobernación (Mingob) y para «colocar la discusión en el Congreso».
DELITOS Y SANCIONES
De acuerdo a lo que expuso el legislador en el Congreso en conferencia de prensa, la iniciativa denominada Ley para la prevención y sanción de comunicaciones ilícitas en centros de privación de libertad plantea la creación de varios delitos.
De estos, resaltó el que comprende la facilitación ilícita de comunicaciones dentro de las prisiones. De acuerdo con Chic, este delito contempla penas de 6 a 10 años de prisión, además de multas que van desde Q1 mil hasta Q500 mil.
La normativa también alcanzaría a distintos actores dentro del sistema penitenciario, incluyendo visitantes y personal de seguridad que permitan el ingreso o uso de dispositivos móviles en los complejos.
Uno de los puntos centrales de la propuesta, según el diputado, es que traslada responsabilidades directas a las empresas de telecomunicaciones. Según lo expuesto, las personas jurídicas incurrirían en un delito si:
- Incumplen con obligaciones de bloqueo de señal.
- No atienden requerimientos técnicos de las autoridades.
- Permiten, con conocimiento, el uso ilícito continuado de líneas telefónicas.
En estos casos, dijo, se establecen sanciones económicas que oscilan entre 10 mil y 100 mil dólares.
CONTROL TECNOLÓGICO Y COMPRAS MÁS ÁGILES
La iniciativa también busca facilitar al Mingob, aseguró Chic, la adquisición de tecnología para el control de comunicaciones, como software especializado, hardware o bloqueadores de señal.
Chic recordó que anteriormente existían obstáculos en la ley de compras y contrataciones del Estado que impedían avanzar en la implementación de estos sistemas, pese a que ya se había analizado la posibilidad de adoptar herramientas tecnológicas utilizadas en el sistema penitenciario de Costa Rica.
«Se están dando facilidades para que puedan adquirir ya sea un software, un hardware o los famosos bloqueadores de señal, aunque ellos han dicho que no son funcionales, pero se está dejando la facilidad», remarcó.
UN CONTROL EN LAS LLAMADAS
Otro de los aspectos que mencionó Chic es la prohibición total de comunicaciones ilícitas dentro de las cárceles, incluyendo la eliminación de las denominadas “listas blancas”, que actualmente permiten a ciertos funcionarios o autoridades del Sistema Penitenciario (SP) tener acceso a dispositivos móviles dentro de los centros.
Además, se propone que cada prisión cuente con servicios exclusivos de telefonía regulada, con un registro bajo control del Mingob, lo que permitiría monitorear en tiempo real quién realiza o recibe llamadas desde los centros penitenciarios.
CONSENSOS ENTRE MINISTERIO, TELEFONÍAS Y CONGRESO
Previo a esta iniciativa promovida por VOS, el pasado 19 de marzo la viceministra de Tecnología, Karen Ortiz, informó que se habían retomado conversaciones con las compañías de telefonía Claro y Tigo para definir mecanismos con los cuales limitar las comunicaciones ilícitas.
Viceministro Cameros aborda los plazos para instalar bloqueadores de señal en cárceles
Entonces, Ortiz había detallado que se trabajaba en una propuesta a corto plazo junto con las empresas, para posteriormente presentar una hoja de ruta que permitiera abordar la problemática.
En febrero, el exviceministro de Tecnología, William Cameros, había detallado que la instalación de programas para interrumpir el servicio de comunicaciones dentro de las cárceles sería de entre cuatro y cinco meses; luego se esperaría otros tres o cuatro meses para habilitar los puntos y así lograr el bloqueo, pero recordó que en cada cárcel hay diferentes puntos.
