La Organización de los Estados Americanos (OEA) se pronunció este 20 de marzo acerca del proceso de elección de fiscal general del Ministerio Público (MP), al cual se refirió como uno de los principales mecanismos de elecciones de segundo grado, y resaltó la necesidad de aplicar criterios “claros, objetivos y previsibles” en la evaluación de aspirantes.
A través de la Misión Especial para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala, el organismo indicó que tomó nota de un amparo que cuestiona la participación de candidatos provenientes de la judicatura, bajo el argumento de que su desempeño como jueces no constituye ejercicio de la profesión de abogado.
Ante este planteamiento, la OEA advirtió que una interpretación restrictiva podría derivar en una exclusión injustificada de jueces y magistrados del proceso, lo que acabaría afectando principios fundamentales como la igualdad de acceso a cargos públicos y la certeza jurídica.
Misión de la #OEA en #Guatemala destaca la importancia de una valoración objetiva de la trayectoria en la judicatura en el proceso de elección de Fiscal General
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— OEA (@OEA_oficial) March 20, 2026
El pronunciamiento señala que, en el contexto de elecciones de segundo grado, como la designación del jefe del Ministerio Público, el análisis de los requisitos constitucionales debe hacerse con apego al espíritu de la ley y no desde «enfoques excesivamente formalistas».
La Misión recordó que la Constitución establece que el fiscal general debe ser abogado colegiado y cumplir con los mismos requisitos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
A su vez, estos incluyen haber ejercido la profesión por más de diez años o haber desempeñado un período completo como magistrado de Apelaciones.
Por tanto, la OEA expresó que la función jurisdiccional constituye una forma válida, continua y especializada del ejercicio del Derecho, por lo que la trayectoria en la judicatura debe ser valorada de manera consistente con el diseño constitucional.
El organismo internacional evitó interferir en competencias internas, como las de la Corte de Constitucionalidad, pero remarcó que toda decisión en este tipo de procesos debe estar debidamente fundamentada y orientada a fortalecer la democracia en el país.
La Misión reiteró que el desarrollo de estas elecciones debe contribuir a recuperar la confianza ciudadana y respetar el Estado de derecho, garantizando procesos inclusivos, principalmente como la jefatura del MP.
