La Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala se pronunció este viernes expresando “profunda preocupación y firme rechazo” por los operativos que realizó el Ministerio Público (MP) en los centros de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) durante la jornada de elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC).
Según el comunicado, la medida que motivó el pronunciamiento fue el registro corporal que se le practicó a la presidenta del CANG, la exjueza Patricia Gámez, con el objetivo de exigirle la entrega de su teléfono celular personal.
La Asamblea calificó el hecho como especialmente delicado por haberse realizado públicamente y “en el contexto de un proceso electoral gremial en desarrollo”.
El pronunciamiento reconoce que el MP tiene facultades constitucionales para investigar delitos, pero remarcó que deben ejercerse dentro de límites legales.
“Su ejercicio debe realizarse dentro de los límites que impone la Constitución Política de la República y el bloque de legalidad vigente”, señala la Asamblea.
POSIBLE AFECTACIÓN A DERECHOS Y GARANTÍAS
La entidad explicó que toda autoridad está obligada a actuar con respeto, mesura y proporcionalidad, y recordó que “el derecho a la intimidad y a la privacidad, así como la inviolabilidad de documentos y comunicaciones”, exige que cualquier incautación o revisión de dispositivos personales esté debidamente fundamentada y se realice con estricta observancia del debido proceso.
Aumenta el rechazo por intervención del MP durante elecciones a magistrado de la CC en el CANG
Advirtió también que un registro corporal público a una autoridad gremial dentro de un centro de votación “trasciende el ámbito puramente investigativo” y puede generar un impacto institucional relevante.
Por lo tanto, los presidentes gremiales resaltaron que la actuación estatal debe evitar “toda apariencia de intimidación, coacción o interferencia en un proceso democrático interno protegido por la autonomía constitucional de los Colegios Profesionales”.
En su posicionamiento, la Asamblea recalcó que los colegios profesionales no están por encima de la ley, pero hizo ver que tampoco pueden ser objeto de actuaciones que desconozcan los límites constitucionales del poder público.
“Exigimos que toda diligencia futura se realice con estricto apego a la dignidad humana, debido proceso, legalidad, proporcionalidad y autonomía gremial”, se lee en el documento.
