Foto La Hora: José Orozco

Tras una semana de observaciones y reuniones con instituciones del país, el Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT), en conferencia de prensa, advirtió sobre riesgos estructurales que podrían comprometer la legalidad, legitimidad y transparencia de los procesos de elección de autoridades, principalmente de la Corte de Constitucionalidad (CC) y de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP).

El panel expresó que durante esta segunda visita, del 2 al 6 de febrero, tuvo reuniones con el presidente Bernardo Arévalo, el presidente del Congreso, Luis Contreras; el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG); el Consejo Nacional Empresarial; estudiantes universitarios; autoridades indígenas; misiones diplomáticas y la sociedad civil.

HALLAZGOS PROVOCAN PREOCUPACIÓN

Uno de los principales hallazgos que la agrupación mencionó es la existencia de numerosos amparos pendientes de resolver o de ejecutar, especialmente vinculados a las elecciones de segundo grado.

El panel alertó sobre el uso “malicioso” del amparo para entorpecer procesos electorales, como ocurrió con la exclusión de profesionales de las ciencias afines de la Asamblea General del CANG, pese a que su derecho al voto está reconocido legalmente y ha sido ejercido durante décadas.

El panel, además, expresó «profunda preocupación» por la conformación irregular del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos, integrado mayoritariamente por autoridades con mandatos vencidos, a pesar de resoluciones de la CC que ordenan su renovación.

“Resulta inaceptable que personas con mandatos expirados participen o influyan en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad”, señaló el panel, advirtiendo que esta situación podría invalidar decisiones clave, incluida la designación de magistrados y la integración de la Comisión de Postulación del MP.

En cuanto al Congreso de la República, el panel cuestionó que el proceso para elegir magistrado titular y suplente de la CC carezca de perfil definido, criterios públicos y mecanismos de fiscalización ciudadana.

Según se les informó, no habrá entrevistas públicas, expedientes accesibles ni reglas claras para presentar tachas, lo que, según el panel, no cumple con los estándares internacionales mínimos.

“La decisión no puede reducirse a una negociación política y sumatoria de votos”, enfatizaron.

CLIMA DE CRIMINALIZACIÓN

Por otra parte, el panel también denunció un clima de criminalización, que incluye detenciones irregulares de líderes indígenas, amenazas contra candidatos opositores y persecución de estudiantes universitarios que se oponen a autoridades en la USAC.

Esta situación, remarcaron, genera un factor intimidatorio que cohíbe la participación democrática. No obstante, reconocieron la “valentía y determinación” de sectores ciudadanos que continúan organizándose para defender la democracia.

Respecto al Ejecutivo, el panel señaló como «positivo» que el presidente Arévalo haya manifestado su intención de definir criterios para sus designaciones, pero recomendó que publique formalmente los perfiles, estándares y pasos que seguirá tanto para la CC como para la elección del fiscal general.

De esta manera, agregó la agrupación, estaría garantizando publicidad, transparencia y participación ciudadana. Además, instó a activar mecanismos de protección para personas criminalizadas por defender derechos humanos y la democracia.

Por último, llamó a los profesionales a postularse sin temor y a la ciudadanía a vigilar los procesos de postulación y selección. «Este esfuerzo por generar un cambio en la Corte de Constitucionalidad y en la Fiscalía General no debe parar”, concluyeron.

Diego Estuardo Guzmán
Periodista y locutor con interés en temas sociales y culturales. Apasionado por el cine.
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