A partir de las 8 horas de este jueves 5 de febrero, la Universidad de San Carlos de Guatemala inició el período de recepción de expedientes de quienes aspiran a ser electos como magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031.
El Consejo Superior Universitario (CSU), el cual ha sido señalado en las últimas semanas por el proceso de renovación que debe llevar a cabo, comenzó la recepción de expedientes en la Secretaría General en el edificio de Rectoría del Campus Universitario de la zona 12, de 8:00 a 15:00 horas.
De esta manera, la casa de estudios se une al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y al Congreso de la República a las instancias que ya han iniciado su proceso propio para designar a un magistrado titular y un suplente para la corte.
En este camino, aún se espera la convocatoria oficial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que también recibe expedientes de aspirantes, y del presidente Bernardo Arévalo, quien el pasado miércoles 4 de febrero mencionó que no hará una designación directa, sino que optará por recibir hojas de vida de quienes deseen las magistraturas.
Autoridades universitarias explicaron que luego de que la recepción de expedientes finalice, dará comienzo el proceso de evaluación de toda la documentación y la depuración de estos, hasta llegar a los dos candidatos más aptos.
Misión de la OEA pide a la CC que se ejecute el fallo que ordena la renovación del CSU
CSU EN LA MIRA POR RENOVACIÓN DE AUTORIDADES
El CSU es el encargado de realizar el análisis de la documentación que presenten los aspirantes a magistrados de la CC, sin embargo, esto ocurre en medio de señalamientos en su contra, puesto que aún no se ha realizado la convocatoria para la renovación de ciertos puestos de esta instancia que ya tienen sus periodos vencidos.
El pasado 3 de febrero, la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala pidió por medio de un comunicado a la CC que asegure la ejecución inmediata de la sentencia relacionada con la integración del CSU.
Dicho llamado se refiere al fallo que fue emitido por la corte el 13 de febrero de 2025, mediante el cual confirmó un amparo que ordena al CSU convocar de forma urgente a la elección de sus integrantes cuyo período en el cargo ya venció.
Sala da 48 horas al CSU para brindar información por la elección de magistrados de la CC
Además de esto, el 31 de enero pasado, la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo dio 48 horas al CSU para dar información sobre la elección de magistrados de la CC, tras varios amparos de abogados que señalaban que los miembros del Consejo tenían el cargo vencido.
El abogado Javier Monterroso solicitó a la Sala que fuera suspendida la convocatoria para la designación del magistrado titular y suplente por el CSU ante la CC, hasta que el Consejo se encuentre debidamente integrado.
Además de la misión de la OEA, otras instancias se han pronunciado respecto al caso del CSU, como la Misión de Acompañamiento de la Unión Europea en Guatemala, que en un comunicado celebró la alta participación de candidatos a magistrados del TSE y al mismo tiempo expresó preocupación la situación «irregular» de la universidad en el proceso de designación de magistrados a la CC.
«La Misión sigue con atención las convocatorias y procedimientos internos de los órganos nominadores. En particular, observa el proceso anunciado por el CSU y recuerda que el incumplimiento de resoluciones judiciales que ordena la renovación de más de 25 cargos pone en riesgo la legalidad y legitimidad del proceso», se lee en un comunicado del 30 de enero pasado.
Asimismo, el Panel de Personas Expertas Independientes de Guatemala (PEI-GT) se pronunció días antes, el 26 de enero, para manifestar su preocupación por posibles irregularidades en el proceso.
Según PEI-GT, hay anomalías que podrían afectar la legalidad, legitimidad y transparencia del proceso de designación, en el contexto de la falta de renovación de autoridades universitarias.
Asimismo, el Panel advierte que las resoluciones emitidas por un CSU integrado de forma anómala podrían ser consideradas ilegítimas y eventualmente declaradas nulas, al atentar contra la institucionalidad democrática.
