La Municipalidad de Antigua Guatemala retiró este jueves a vendedores de comida ambulante que se colocaban en el atrio de la iglesia La Merced, como parte de un proceso de ordenamiento, confirmaron fuentes del Ayuntamiento de la ciudad colonial.
Medios locales informaron en redes sociales que la acción tomó por sorpresa a los comerciantes, quienes indicaron que no fueron notificados previamente y que el negocio que tenían en este espacio representaba su principal fuente de ingresos.
No obstante, el encargado de medios de comunicación de la Municipalidad, Billy Oliva, aseguró a La Hora que los vendedores sí fueron notificados debidamente.
Tras el retiro de los vendedores, la municipalidad colocó vallas informativas en el atrio, delimitando el área y señalando que el espacio está restringido, por lo que no podrá ser usado para actividades comerciales.
La Hora consultó al área de Comunicación de la comuna antigüeña sobre el objetivo de la medida y si este tipo de acciones continuarán.
Al respecto, el Oliva añadió que el Juzgado de Asuntos Municipales tiene en trámite un expediente administrativo tras una denuncia que fue presentada por un vendedor que sí cuenta con un permiso municipal para vender.
«Como parte del procedimiento, se han realizado cuatro jornadas de notificación preventiva a vendedores no autorizados, solicitando su retiro voluntario y advirtiendo sobre posibles sanciones», explicó Comunicación que fue la respuesta del juez de Asuntos Municipales, Daniel Paz.
Las vallas instaladas especifican que la medida se fundamenta en lo establecido en el Acta Municipal 095-2021, en la que se regulan y prohíben las ventas en la vía pública dentro del municipio de Antigua Guatemala.
PROHIBICIÓN DE VENTAS AMBULANTES EN VÍA PÚBLICA
El Acta Municipal número 095-2021, aprobada por el Concejo Municipal de Antigua Guatemala, establece la prohibición de la exhibición, alquiler, venta y comercialización de bienes y servicios en la vía pública del municipio.
Esta normativa faculta a la Policía Municipal para retirar ventas ambulantes, retener mercadería por un plazo de 15 días hábiles y, en caso de que esta no sea reclamada, remitirla a casas de beneficencia o proceder a su destrucción, según corresponda.
Asimismo, contempla sanciones administrativas y el pago de costos para quienes deseen recuperar los objetos decomisados.
La disposición entró en vigencia el 18 de octubre de 2021 y forma parte del reglamento municipal para el ordenamiento del espacio público en la ciudad colonial.
