En un comunicado, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) expresó este jueves su respaldo a la implementación obligatoria de los limitadores de velocidad en unidades de transporte de pasajeros y de carga, que fue anunciado el pasado miércoles por el viceministro de Transportes, Fernando Suriano.
Sin embargo, la gremial resaltó que la medida debe aplicarse «sin privilegios ni sesgos» tal como lo establece la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, Decreto 45-2016.
En el comunicado que dirigen al presidente Bernardo Arévalo, la Junta Directiva expresó su preocupación por la forma en que las autoridades están enfocando la aplicación de la normativa, y señalan que los pronunciamientos oficiales se han concentrado casi exclusivamente en el transporte extraurbano de pasajeros y de carga, dejando de lado a otros sectores.
“La ley es clara: regula la velocidad de todo tipo de transporte colectivo de pasajeros y de carga. Sin embargo, los comentarios de los funcionarios se enfocan únicamente en el transporte extraurbano”, remarcó Gretexpa.
🗣️ Carta Abierta al Señor Presidente de la República de Guatemala. @BArevalodeLeon @GuatemalaGob pic.twitter.com/OC91DE1Mg3
— GRETEXPA (@gretexpa) January 8, 2026
«DEBE APLICARSE PARA TODOS, NO SOLO A UN SECTOR»
La gremial cuestionó sobre qué acciones tomarán la Dirección General de Transportes (DGT), Provial y el Departamento de Tránsito de la PNC respecto a otros servicios como taxis, Uber, transporte turístico, microbuses, transporte escolar, Transmetro, Transurbano, transporte urbano municipal, así como el transporte agrícola e industrial.
De igual manera, advirtió sobre la falta de claridad en cuanto al transporte internacional que circula dentro del territorio nacional.
“Han ocurrido accidentes con vehículos de placas extranjeras. Ese aspecto debe tomarse en cuenta, ya que el objeto de la ley es claro y preciso”, destacó la gremial.
Menos del 10% de buses extraurbanos cuentan con limitador de velocidad y el CIV anuncia sanciones
PREOCUPADOS POR LA CAPACIDAD OPERATIVA
Por otra parte, Gretexpa puso en duda la capacidad operativa de Provial y de Tránsito de la PNC para atender en corto o mediano plazo la demanda de más de medio millón de vehículos que deberán contar con el limitador de velocidad y el certificado de funcionalidad.
Según ellos, la normativa no permite realizar los trámites en los departamentos, por lo que los transportistas se ven obligados a viajar a la Ciudad Capital, lo que genera afectaciones económicas.
“¿Qué sucederá en las carreteras y en la ciudad capital cuando los porteadores tengan que traer sus automotores para verificaciones, por temor a multas o cancelación de licencias?”, se lee en el pronunciamiento.
Por lo tanto, la gremial solicitó que las autoridades se movilicen al interior del país para brindar el servicio de verificación y certificación de manera ordenada.
PIDEN USO DE RADARES MÓVILES Y SANCIONES PARA TODO INFRACTOR
La gremial sugirió que se priorice más bien el uso de radares móviles de velocidad y que se sancione a todo infractor, alegando que, según el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito, otros tipos de automotores presentan mayor incidencia en accidentes, y no únicamente el transporte de carga y de pasajeros.
Además, aprovechan para exigir seguridad en las rutas, el cese de extorsiones y asesinatos contra los transportistas, y la rehabilitación de la red vial a nivel nacional, lo que aseguran es un factor que afecta la movilización.
“También somos parte del pueblo digno guatemalteco. Merecemos no ser extorsionados, ni asesinados, ni asaltados en nuestras rutas”, remarcó.
SANCIONES COMENZARÁN DESDE ESTE MES
El pronunciamiento de la gremial surge luego de que el viceministro de Transportes, Fernando Suriano, anunciara el pasado 7 de enero, durante La Ronda, que a partir de este mes se iniciará el proceso de sanciones contra autobuses y transporte pesado que no cuenten con el sistema de limitador de velocidad.
Suriano explicó que en 2024 se resolvieron aspectos legales y que en 2025 se desarrollaron mesas de trabajo y procesos administrativos, que acabaron con la resolución ministerial del CIV que habilita la aplicación de sanciones.
“La posibilidad de controlar un autobús o cualquier vehículo pesado es a través de la velocidad en que se desplaza. Esto es clave para la seguridad en carretera”, afirmó el viceministro.
El funcionario también advirtió que el incumplimiento podría derivar incluso en la cancelación de licencias y reveló que actualmente solo alrededor de 300 buses cuentan con este sistema, pese a que la ley lo exige desde 2016.
