Este año fue establecida las Comisiones Paritarias del Salario Mínimo para las actividades agrícolas, no agrícolas y de exportadora y maquila. Foto: La Hora
Camagro hace un llamado al presidente, ante su decisión del salario mínimo para 2026, expresando su preocupación por el crecimiento del sector agro. Foto: La Hora

La Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) manifestó, por medio de un comunicado, su preocupación por el impacto que podría tener la fijación que el presidente Bernardo Arévalo dicte sobre el salario mínimo para 2026 en el empleo formal rural.

En el pronunciamiento oficial, Camagro advirtió que el sector agrícola crecerá por debajo del promedio nacional y enfrenta altos costos operativos adicionales.

La gremial señaló que, según proyecciones oficiales, el Producto Interno Bruto (PIB) agrícola registrará un crecimiento de apenas 1.8 por ciento, cifra que representa menos de la mitad del crecimiento nacional estimado por el Banco de Guatemala (Banguat), que se ubica en 4.1 por ciento.

Este desempeño, explicó, contrasta con otros sectores de la economía que proyectan crecimientos de entre 8 y 9 por ciento.

Ante esto, Camagro hizo un llamado directo al presidente de la República, Bernardo Arévalo, para que la decisión sobre el salario mínimo del próximo año se adopte con criterios técnicos y con un entendimiento del impacto que tendría en las empresas agrícolas, especialmente en el área rural.

La organización enfatizó que el análisis no debe centrarse únicamente en el porcentaje nominal del aumento salarial.

Según el sector, en Guatemala cada punto porcentual de incremento al salario mínimo se traduce en un costo real aproximadamente 1.4 veces mayor para los empleadores, debido al efecto de las prestaciones laborales obligatorias.

Este sobrecosto se suma a otras presiones que ya afectan al sector, como el deterioro de la red vial y la congestión persistente en los puertos del país, expresó la Cámara, que son factores que incrementan los costos logísticos y reducen la competitividad de los productores.

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“La presión acumulada impacta directamente en la capacidad de las empresas para sostener y generar empleo formal”, señaló, advirtiendo que una decisión salarial no diferenciada podría acelerar la pérdida de puestos formales en el área rural y empujar a más trabajadores hacia la informalidad.

Por ello, remarcó su postura a favor de un salario mínimo diferenciado para el agro, ajustado a la productividad real y al desempeño económico del sector, como una medida para proteger el empleo rural formal y garantizar la sostenibilidad de las actividades agrícolas.

Diego Estuardo Guzmán
Periodista y locutor con interés en temas sociales y culturales. Apasionado por el cine.
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