El caso Asalto al Ministerio de Salud es uno de los casos de corrupción que fueron revelados por la extinta CICIG y la anterior Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), cuando era dirigida por Juan Francisco Sandoval.
El caso fue cerrado este jueves 20 de noviembre, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazara en definitiva un amparo solicitado por la Procuraduría General de la Nación (PGN), con el cual se pretendía revertir la decisión de la jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz, de cerrar el caso a favor de Saraí Villavicencio, hija del exministro de salud, Jorge Villavicencio (+); el exdiputado, Roberto Kestler y Delio Edvin García.
Las investigaciones establecieron que entre 2012 y 2014, una red integrada por funcionarios, exdiputados y particulares cooptó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para el cobro sistemático de sobornos, manipulación de adjudicaciones y la entrega de plazas irregulares.
El caso salió a la luz pública el 16 de julio de 2019, cuando el Ministerio Público (MP) anunció 29 órdenes de captura y 84 citaciones a primera declaración, además de la futura solicitud de antejuicio contra 10 diputados de distintos partidos.
CC cierra en definitiva caso Asalto al Ministerio de Salud a hija de exministro y a exdiputado
¿CÓMO OPERABA LA RED?
De acuerdo con la CICIG, la estructura se activó con el nombramiento del entonces ministro de Salud Jorge Villavicencio Álvarez, quien junto a su hija Cándida Saraí Villavicencio Delgado y el exdiputado y excandidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez, coordinó un grupo de más de 50 personas dentro y fuera del ministerio.
La extinta CICIG indicó que se identificaron tres áreas con las que este grupo obtenía ganancias ilícitas.
Construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud:
- Se cobraban comisiones por cada obra adjudicada.
- Manipulaban bases de licitación, ubicaban a personal afín en juntas calificadoras y dividían proyectos por región.
- Incluso aprovecharon el terremoto de 2012, que afectó principalmente San Marcos, para direccionar contratos de reconstrucción.
- Las investigaciones contabilizaron más de 50 obras irregulares, con un monto involucrado que superó los Q131 millones, y sobornos cercanos a Q17 millones solo en reparaciones derivadas del estado de calamidad.
- El programa de construcción de nuevos hospitales, como los de Ixcán, Rabinal y Villa Nueva, involucró proyectos por Q452.7 millones, con comisiones pactadas por Q36 millones.
Compra de bienes y servicios:
- Incluía bombas de infusión, ambulancias, equipo de rayos X, publicidad y un hospital modular.
- La estructura incluso generaba “necesidades falsas” para justificar compras.
- Participaron intermediarios cercanos a altos funcionarios, como Jaime Pérez Castillo, sobrino del expresidente Otto Pérez Molina.
- Se documentaron pagos ilícitos por al menos Q500 mil en compras médicas y Q400 mil en un contrato de publicidad.
Asignación de 450 plazas irregulares:
- El Ministerio de Salud fue utilizado como “bolsón” de puestos para pagos de favores políticos y plazas fantasmas.
- Diputados, funcionarios de la Contraloría, de gobernaciones, alcaldías e incluso de la Vicepresidencia presentaban solicitudes de personal.
- Se usaban oficios en papel membretado del Congreso para instruir contrataciones y salarios.
JUDICIALIZACIÓN Y EL DECLIVE DEL CASO
Aunque el caso inició y avanzó inicialmente bajo la FECI dirigida por Juan Francisco Sandoval, la salida de la CICIG durante la administración de Jimmy Morales y los cambios en el MP, con el ingreso de Consuelo Porras como Fiscal General y de Rafael Curruchiche como jefe de la FECI, frenaron el proceso.
En agosto de 2024, la jueza de Mayor Riesgo “D”, Abelina Cruz, resolvió dividir el expediente:
- Siete personas fueron enviadas a juicio.
- Otras siete quedaron fuera del proceso mediante sobreseimiento.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) apeló, pero la decisión fue confirmada por la Sala Primera de Apelaciones y posteriormente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que rechazó un recurso de casación.
Finalmente, la CC confirmó el fallo que dejó firmes los sobreseimientos y benefició a figuras como Saraí Villavicencio, Luis Fernando Pérez, Delio García Argueta y Roberto Kestler.
El tribunal concluyó que no había base legal para revocar la decisión, pues el caso nunca llegó a la etapa de juicio.
En total, la investigación original señaló a 123 personas entre funcionarios, exdiputados, empresarios y particulares.
