María Fernanda Bonilla denuncia a exdirector de presidios y hace llamado a Fiscal General y Mingob

Diego Estuardo Guzmán

A su salida de una audiencia en la Sala Primera de Apelaciones, María Fernanda Bonilla, señalada de la muerte de Melisa Palacios, emitió señalamientos contra autoridades y exfuncionarios del Sistema Penitenciario (SP).

Bonilla aseguró que la corrupción continúa dentro de la institución y pidió públicamente al Ministerio de Gobernación (Mingob) y al Ministerio Público (MP) que investiguen los hechos y a una lista de al menos diez personas que estarían relacionados con hechos ilícitos.

Durante su declaración, Bonilla señaló primero al exdirector general del Sistema Penitenciario (SP), Ludin Astolfo Godínez, a quien calificó como “prófugo de la justicia” y acusó de haber solicitado a su familia Q600 mil a cambio de gestionar su traslado del Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres Los Jocotes, en Zacapa, hacia la cárcel de Mariscal Zavala, de la capital.

“Desde que el señor prófugo no quiso una negociación con mi familia, después de pedirnos la cantidad de Q600 mil para mi traslado, siguió la misma cúpula de corruptos gobernando el sistema penitenciario”, expresó Bonilla.

La acusada de haber presuntamente asesinado a Melisa Palacios en 2021, pidió al ministro Marco Villeda Sandoval, y a la fiscal general, Consuelo Porras, investigar a las personas que, según ella, “siguen operando dentro del sistema penitenciario, siendo corruptos y una cueva de ladrones”.

De igual manera, expresó que está dispuesta a colaborar con las autoridades e incluso con la Embajada de los Estados Unidos, ofreciendo entregar información y a un «testigo A».

SEÑALA A CÚPULA DEL SP 

Bonilla mencionó, uno a uno, a varios funcionarios y exmiembros del SP, a quienes acusa de haber cometido presuntos actos de corrupción, cobros ilegales y control interno de los centros carcelarios.

Entre los señalados se encuentran:

Mario Luis Pacay, actual director general del SP.

Ronald Kenny Gabriel Guzmán, exsubdirector operativo del SP, a quien acusa de “poner y quitar directores de los centros carcelarios” y de cobrar entre Q100 mil y Q300 mil por cargos de dirección.

Nelson Onel Lemus Ramos, señalado de operar junto a Guzmán en el manejo de las presuntas cuotas.

Erick Barrera Godoy, conocido según ella como “Casco Azul”, a quien calificó como “un títere dentro del sistema penitenciario”.

Rubin Polanco Méndez, exdirector en el centro de Los Jocotes, en Zacapa.

Wilmer José López, alias “Colocho”, ex del departamento operativo.

Marlon Anderson Hernández, también ex de operativo.

Julio Roberto Mendoza, jefe de la unidad de Análisis.

Oseas Cámbara Cepeda, a quien incluyó entre los funcionarios que deberían ser investigados.

 

Bonilla remarcó que posee información sobre los actos de corrupción que estas personas habrían cometido y reiteró que está abierta de colaborar con el Mingob y el MP para “que se investigue a fondo a estas personas y se ponga fin a los actos ilícitos dentro del Sistema Penitenciario”.