
El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) expresó su preocupación por medio de un comunicado por las recientes decisiones que, según expresan, afectan el orden constitucional y la independencia de los poderes del Estado.
En el comunicado, el CANG se pronuncia rechazando la integración de las nuevas salas de la Corte de Apelaciones y del rechazo del Congreso de la República al veto presidencial del Decreto 7-2025.
El Colegio señala que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) actuó de forma irregular al crear e integrar las salas de la Corte de Apelaciones mediante la designación de “magistrados titulares provisionales”.
📢COMUNICADO
Ante los recientes acontecimientos que afectan el orden constitucional y la independencia de los poderes del Estado, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) considera necesario manifestar lo siguiente: pic.twitter.com/TDePHX4fyj— Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (@CangGuatemala) October 17, 2025
Esta figura, resaltó, no existe en la legislación guatemalteca y vulnera el procedimiento constitucional de elección que corresponde al Congreso de la República.
El gremio advirtió que esta decisión pone en duda la validez y legitimidad de las nuevas salas y podría afectar la independencia judicial, la separación de poderes y el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por tribunales preestablecidos conforme a la ley.
Por ello, en el pronunciamiento hizo un llamado a la Corte de Constitucionalidad (CC) a que resuelva con «independencia y rigor jurídico» las acciones presentadas sobre el tema, y a garantizar «la supremacía» de la Constitución.
EL VETO PRESIDENCIAL
En cuanto al Congreso de la República, el CANG también expresó su preocupación por su decisión de desconocer el veto presidencial al Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
De acuerdo con el CANG, el veto fue presentado dentro del plazo constitucional, y la interpretación del Congreso que lo considera extemporáneo, como lo declaró el diputado Álvaro Arzú Escobar y la alianza opositora, distorsiona el proceso de formación de la ley y debilita el sistema de frenos y contrapesos entre los poderes del Estado, detalló.
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Ante esto, el Colegio también pidió a la CC para que ratifique el alcance del veto presidencial como una garantía esencial del equilibrio republicano y a los tres organismos del Estado a que actúen dentro de los límites de sus competencias.
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