Tres días después de que el Gobierno optara por vetar el Acuerdo Legislativo 7-2025, Ley de Codedes, el presidente Bernardo Arévalo explicó en conferencia de prensa «La Ronda», que el texto contenía disposiciones que contravienen la Constitución Política, algo que secundó el secretario General de la Presidencia, Juan Guerrero.
El mandatario, durante su justificación, recordó que entre julio y agosto dialogó con alcaldes sobre algunos mecanismos para facilitar la ejecución de la obra pública y evitar la devolución de fondos que no sean utilizados.
“Nosotros habíamos tomado la decisión de introducir en el proyecto del Presupuesto 2026 un artículo que permitiera que aquellos fondos para proyectos que no lograran terminarse en 2025 pudieran ejecutarse en 2026”, explicó.
#AhoraLH | Juan Guerrero, Secretario General de la Presidencia, se refiere a las inconstitucionalidades del decreto 07-2025, expresando que frases en su formulación son las que dejan en duda el mismo.
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✍️: Kenneth Jordan/LH pic.twitter.com/M43qkORPZc— Diario La Hora (@lahoragt) October 6, 2025
Sin embargo, señaló que la versión aprobada por el Legislativo “puso una serie de temas que ya eran inconstitucionales”.
Asimismo, añadió que el Ejecutivo mantiene el compromiso de que los recursos asignados “terminen en escuelas, proyectos de agua, puestos de salud, cualquier obra de beneficio para el pueblo definida por los consejos de desarrollo”.
«Es decir, no tiene ningún sentido asignar dinero para obra pública que después se regrese al fondo», remarcó el mandatario.
VETO POR «VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD»
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que el veto al Decreto 7-2025 se tomó tras «un extenso análisis que identificó vicios de inconstitucionalidad”.
Según el comunicado oficial compartido la tarde del pasado viernes 3 de octubre, con esta medida se busca defender la transparencia y la estabilidad fiscal del país.
Arévalo veta el decreto 07-2025 Ley de Codedes «en defensa de transparencia y estabilidad fiscal»
“Debemos contar con presupuestos sólidos, éticos y centrados en el bienestar del pueblo, para garantizar ejecuciones que nos permitan recaer la confianza en el Estado”, señaló el documento.
Aunque se reconoció la necesidad de asegurar la continuidad de obras públicas, el Gobierno afirmó que trabajará junto al Congreso para encontrar alternativas para el desarrollo de obras locales “sin sacrificar los esfuerzos por la transparencia y calidad del gasto público”.
