Los Pactos Colectivos de siete instituciones públicas de Guatemala fueron analizados por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), quien concluyó que el actual diseño de estas debilita la eficiencia del Estado, además de institucionalizar privilegios sindicales y generar «fuertes» presiones fiscales.
El informe examinó los pactos del Ministerio de Educación (Mineduc), Organismo Judicial (OJ), Ministerio de Economía (Mineco), Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), Municipalidad de Villa Nueva, Congreso de la República y Universidad de San Carlos de Guatemala.
Según el análisis, muchos de ellos contienen cláusulas que otorgan «beneficios desproporcionados», como plazas hereditarias, vehículos para sindicatos, financiamiento de convivios y ayudas económicas, además de algunos bonos extraordinarios que no están vinculados al desempeño laboral.
Presentación del tema Pactos Colectivos en Guatemala https://t.co/ElukCP9Z2k
— CIEN (@CIENgt) September 30, 2025
IMPACTO FISCAL DE MÁS DE Q2,400 MILLONES
El informe reveló que solo en 2024 los compromisos adquiridos en pactos colectivos aumentaron las remuneraciones en Q2,459 millones, lo que equivale a un crecimiento del 7.6 por ciento.
De acuerdo con el CIEN, este incremento representa una carga fiscal permanente que provoca una reducción en la flexibilidad presupuestaria, además de que compromete la sostenibilidad del gasto público.
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El investigador de este centro de estudios, Francisco Quezada, advirtió que de mantenerse estas prácticas, los privilegios se consolidarán como derechos adquiridos difíciles de revertir.
«Esto rompe la equidad laboral, limita el acceso a plazas por mérito y genera un aparato estatal ineficiente, incapaz de sostener sus compromisos en el tiempo”, remarcó.
PRIVILEGIOS SINDICALES
El estudio presentado el pasado 30 de septiembre también identificó que en el Mineco, la EPQ y la USAC, existen cláusulas que permiten a familiares heredar plazas vacantes, lo que restringe los concursos abiertos y debilita el principio constitucional de idoneidad para el cargo.
En el caso del OJ, se destacan beneficios como un bono de Q3 mil 500 en Semana Santa, Q3 mil de bono escolar y un bono mensual de Q3 mil 200 adicionales al salario, todos otorgados sin relación con la productividad ni el desempeño laboral del trabajador.
«En muchos casos, estos beneficios están exclusivamente destinados a
líderes sindicales», destacó el informe.
⚖️ «En #AlertaPresupuesto 2024 habíamos indicado un 7.6% de crecimiento en remuneraciones, casi Q2,500 millones que se otorgan en privilegios automáticos, sin criterios de desempeño ni mejoras en la calidad de los servicios públicos» muestra @AquiEstaAndre en #PactosColectivosGT pic.twitter.com/WdulbNmrO8
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La investigadora Andrea Monterroso, explicó que la ausencia de una regulación diferenciada para el sector público ha permitido que estos pactos colectivos se conviertan en “un fin en sí mismos”, sin considerar el impacto sobre la equidad ni la sostenibilidad financiera.
“En otros países de la región, como Uruguay, Costa Rica y Paraguay, se han establecido límites claros a la negociación colectiva en el sector público, delimitando materias negociables, garantizando transparencia y fortaleciendo la meritocracia. Guatemala necesita avanzar en esa dirección”, destacó.
CIEN RECOMIENDA LÍMITES A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
El estudio resaltó que los pactos colectivos, en su forma actual, ignoran principios básicos de mérito, racionalidad técnica y equidad, lo que compromete la eficiencia institucional y la sostenibilidad del Estado.
CIEN recomendó que se trabaje en una ley específica que regule la negociación colectiva en el sector público, que homologue beneficios y evite el uso a discreción de los recursos públicos por parte de los sindicatos, en particular los dirigidos a cúpulas sindicales.
⚖️ Recomendaciones #PactosColectivosGT
-regular los Pactos
-asegurar que se respeten las Leyes marco de estas negociaciones
-homologar escalas salariales y licencias
-evitar el uso de recursos públicos por parte de los sindicatos pic.twitter.com/OSO8dTHa3C— CIEN (@CIENgt) September 30, 2025
Si esto no se hace, el país corre el riesgo de que los privilegios se institucionalicen, advirtió el CIEN, lo que representaría una distorsión salarial y una debilitación de la función pública profesional, generando un gasto público «insostenible».
