El decreto 7-2025, aprobado el pasado 2 de septiembre en el Congreso de la República de urgencia nacional, e impulsado principalmente por los diputados de Cabal, Luis Aguirre, y de Vamos, Allan Rodríguez, ha generado diversos señalamientos en los últimos días, e incluso cámaras empresariales han pedido expresamente al presidente, Bernardo Arévalo, que lo vete.
La Ley de Fortalecimiento financiero y continuidad de proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural establece diversos aspectos que fueron planteados para agilizar la ejecución de las obras y proyectos.
Sin embargo, cámaras empresariales, centros de investigación y otras instancias han expresado que este decreto representa un peligro para la transparencia, deja espacio para la corrupción y no resuelve el problema principal.
DE ESTO SE TRATA EL DECRETO
La ley aprobada de urgencia nacional dispone que los saldos no desembolsados de las asignaciones extraordinarias otorgadas a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) se trasladen automáticamente a la Cuenta Única del Tesoro y permanezcan disponibles para continuar procesos de ejecución y pago de obras.
Incluso, se lee, en casos donde al cierre del año fiscal no existan convenios firmados, los fondos podrán reservarse para el siguiente periodo.
El Ministerio de Finanzas (Minfin) queda facultado para ampliar el presupuesto con esos saldos, según los registros a nivel de departamento, municipio y obra. Además, si un Codede no detalla las obras en tiempo, tendrá hasta el último día hábil de febrero para entregar la información.
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Esta señalada normativa también ordena que los Codedes desembolsen la totalidad de recursos a las municipalidades en un máximo de 15 días hábiles tras la firma de convenios.
Sin embargo, hace la salvedad que si después de dos ejercicios fiscales no hay convenios ni avances, los fondos deberán devolverse al Fondo Común.
Otro punto, explicado en el artículo 3 de esta ley, es la reducción de plazos para los trámites y permisos, la cual dice que los ministerios, municipalidades, Conred y secretarías deberán resolver en un máximo de cinco días hábiles los procesos.
De no hacerlo, la solicitud se entenderá como aprobada de forma automática, obligando a las autoridades a extender la documentación que se necesite en los siguientes tres días hábiles.
Aunque la medida busca agilizar la ejecución de inversión pública, distintos sectores empresariales y centros de análisis económico pidieron al presidente Bernardo Arévalo, que sea vetada. Junto a esto, distintos funcionarios se han pronunciado a favor de ella.
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La Cámara de Comercio advirtió que el decreto abre la puerta a la creación de fondos públicos paralelos al permitir el arrastre de recursos de un año a otro sin el control político del Congreso, lo que debilitaría la transparencia y la institucionalidad.
En la misma línea, el CACIF señaló que la norma viola el principio de anualidad presupuestaria y otorga atribuciones al Minfin que corresponden únicamente al Legislativo, lo que a su juicio implica un retroceso en el control democrático.
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) también se pronunció en contra al considerar que el traslado automático de saldos contradice la Ley Orgánica del Presupuesto, que obliga a cerrar el ejercicio cada 31 de diciembre y reintegrar a la Tesorería los recursos no ejecutados.
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La entidad remarcó que la norma debilita la unidad del presupuesto, erosiona el rol del Congreso y relaja los controles en un entorno de alto riesgo. «Rompe con el principio de anualidad y unidad del presupuesto. Debilita el control del gasto y no resuelve la baja ejecución de inversión pública”, expresó el CIEN.
En tanto, el Consejo Nacional Empresarial (CNE) criticó la aprobación del decreto sin que hubiese una discusión técnica ni programática, lo que, según la organización, contradice las mejores prácticas internacionales en materia de inversión pública.
Advirtió además que la ley podría reactivar redes ilícitas en la contratación de obras y convertirse en un retroceso en la lucha contra la corrupción.
A su vez, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) coincidió en que es legítimo buscar fórmulas para acelerar la ejecución de inversión pública, pero reconoció que hacerlo debilitando controles es fiscalmente dañino.
Icefi recomienda a Arévalo vetar el Decreto 7-2025 por gasto de Codedes
Cuestionó que se imponga un plazo máximo de cinco días a las autoridades para dictámenes y resoluciones técnicas, lo que calificó como una «medida posiblemente inconstitucional» y que abre espacios para el abuso y la corrupción.
Todas las entidades concuerdan en que el presidente Arévalo, al recibir el decreto, debe vetarlo e impulsar medidas que permitan mejorar la ejecución presupuestaria.
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