El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Estuardo Adolfo Cárdenas, envió una carta oficial al presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, en la que advierte sobre supuestas irregularidades en la integración de las nuevas Salas de Apelaciones creadas recientemente por decisión del pleno de magistrados.
En el oficio, fechado el 1 de septiembre de 2025, Cárdenas menciona que durante la sesión del 20 de agosto, el pleno de la CSJ no se limitó a aprobar la creación de cuatro nuevas salas, cuyas sedes serían en El Progreso, Suchitepéquez, Totonicapán y Coatepeque, sino que además procedió a designar directamente a los magistrados que las integrarían.
Según Cárdenas, esto no le corresponde a la Corte, sino al Congreso de la República.
En ese sentido, el magistrado vocal V cuestionó que estas designaciones se realizaron mediante traslados de titulares, cambios de sede de suplentes y la promoción de magistrados suplentes a titulares y presidentes, lo que dijo que constituye una categoría distinta en sus atribuciones.
Con esta maniobra, según su denuncia, se dejaron algunas salas sin la totalidad de suplentes que exige la ley.
SOLO CONGRESO PUEDE DESIGNAR MAGISTRADOS
Cárdenas recordó que la Constitución establece que únicamente el Congreso puede elegir a los magistrados titulares de cortes y tribunales colegiados, mientras que a la Corte Suprema le corresponde solo asignarlos a las distintas salas ya creadas.
Por tanto, tachó este procedimiento de la CSJ de «irregular e ilegítimo».
ARGUMENTÓ QUE EL VOTÓ «DISIDENTE»
El magistrado resaltó que dejó constancia de su “Voto Razonado Disidente” en la sesión plenaria, al igual que otros togados, e indicó que la situación podría repetirse en la integración de 13 salas adicionales que ya fueron autorizadas.
Aprovechó para mencionar que el próximo viernes 5 de septiembre está prevista la inauguración de la Sala Mixta de Totonicapán con los magistrados designados bajo el cuestionado mecanismo.
En el oficio hizo un llamado al Congreso para «salvaguardar la responsabilidad» a causa de lo que él considera un procedimiento contrario al orden constitucional.
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