Este martes 2 de septiembre se realiza la audiencia en contra de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, dentro del caso por la muerte de Melisa Palacios, en la que se pretende que el Juzgado de Mayor Riesgo «C» determine si ambos implicados deberán o no enfrentar juicio por este caso.
Ambos buscan someterse a la aceptación de cargos y la defensa ha intentado en varias ocasiones retrasar la audiencia, recusando a la jueza Carol Berganza e interponiendo recursos, aunque sin éxito.
Previo al arranque de la audiencia, la madre de Palacios, Anabella Chacón, declaró ante los medios de comunicación que ella no tolerará que los señalados acepten los cargos y obtengan una pena reducida.
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«Como madre no voy a permitir una aceptación de cargos, por eso existen amparos», aclaró la mujer.
«No fue un animal que me mataron para que venga y pague con cuatro años y pueda salir», remarcó la madre de la víctima, que desapareció el 4 de julio de 2021 y su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío en San Jorge, Zacapa.
«ESPERO QUE AQUÍ SÍ PUEDA LOGRAR JUSTICIA»
Chacón manifestó también su esperanza de que en esta ocasión el sistema sí pueda garantizar un proceso justo, a diferencia, según ella, de lo ocurrido en juzgados de Zacapa y Chiquimula, donde asegura que no se logró avanzar y hubo irregularidades.
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“Espero que aquí sí pueda lograr la justicia, que no logré en Zacapa y Chiquimula. Que aquí sí haya justicia, que de aquí no se puedan vender como lo hicieron en Zacapa”, declaró.
La madre de la víctima afirmó que su único objetivo es que se dicte una sentencia justa para que su hija pueda descansar en paz. “No busco venganza, no busco nada. Solo busco justicia. Mi hija confió en ella y ella me la mató”, dijo Chacón.
TRASLADO DEL CASO A JUZGADO DE LA CAPITAL
Desde septiembre de 2024, el Ministerio Público (MP) expresó la necesidad de remitir el caso de Melisa Palacios a un juzgado de mayor riego de la ciudad capital, debido a intimidaciones, posible falta de imparcialidad en el caso e irregularidades que se detectaron.
Uno de los primeros indicios anómalos fue la modificación al delito que se decretó a favor de los dos señalados, por parte del juez de Zacapa, José Maximino Morales González, quien favoreció a ambos.
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Fue el 8 de diciembre de 2021 que el juez Morales ordenó investigar a Bonilla por homicidio en estado de emoción violenta, mientras que Marroquín por encubrimiento propio, lo que provocó que el caso no fuera elevado a una judicatura de mayor riesgo.
En enero de 2025, la Cámara Penal rechazó la petición del MP de trasladar el caso a la capital, por lo que este se quedó en Chiquimula. Fue hasta el 3 de abril que la CSJ ordenó a la Cámara evaluar la petición del MP.
En junio, magistrados de la Cámara Penal aceptaron la petición y elevaron el caso a un juzgado de mayor riesgo, y decidieron que este fuera conocido por el Juzgado de Mayor Riesgo «C», con la entonces recién nombrada jueza Carol Berganza.
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