
La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche, emitió órdenes de captura contra 26 personas en el caso Odebrecht, entre ellas el excomisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo.
En redes sociales, tanto Velásquez como Camargo se han pronunciado en rechazo ante esta medida tomada por el Ministerio Público (MP), así como otros actores involucrados. Tal es el caso del exjefe de la FECI y antecesor de Curruchiche, Juan Francisco Sandoval.
Sandoval ha emitido su postura en su cuenta personal de X y en medios guatemaltecos, así como colombianos, y expresó que considera que las acciones emprendidas por el MP son una «masacre judicial».
Independientemente de que la Sala de Apelaciones no podía ordenar la captura de 26 personas en el caso Odebrecht, hay otro punto clave que también aplica en situaciones como la de Iván Velásquez. 👇 pic.twitter.com/4vZig1WisS
— Juan Francisco Sandoval (@JSandoval1982) June 3, 2025
VENGANZA POLÍTICA
El exfiscal ha declarado que dichas órdenes responden a una venganza política impulsada por una fiscalía que ha sido instrumentalizada para proteger a actores corruptos.
Según el exfiscal, estas acciones son parte de un patrón sistemático de criminalización contra operadores de justicia que lucharon contra la corrupción en Guatemala.
En un programa matutino de Radio Nacional de Colombia, Sandoval resaltó que los años en los que la CICIG operó bajó la dirección de Velásquez, fueron «los más productivos» en la lucha contra redes político-económicas ilícitas.
Desde entonces, Sandoval afirmó que comenzó el entorpecimiento y la persecución, cuando se inició el proceso contra tres exmandatarios, diputados, ministros y empresarios, principalmente contra el presidente Jimmy Morales.
“No me sorprende”, afirma Juan Francisco Sandoval, exfiscal guatemalteco en el exilio, en Noticias Caracol sobre las órdenes de captura emitidas por la Fiscalía de Guatemala contra el exministro de Defensa colombiano Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, fiscal general de la… pic.twitter.com/hiWS4CmVa9
— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 3, 2025
Resaltó que Morales fue quien nombró a Consuelo Porras como fiscal general, lo que significó el inicio de una protección a figuras corruptas y sabotaje de los esfuerzos de investigación de la corrupción, según Sandoval.
En su cuenta de X, el exfiscal, ahora exiliado, se refirió al intento de MP de solicitar alertas rojas a la Interpol contra Velásquez y Camargo, diciendo: «Ni la Interpol quiso prestarse al show«. Porras y Curruchiche pidieron alertas rojas y les dijeron que no: persecución política no es delito internacional».
Cruce de palabras entre Consuelo Porras e Iván Velásquez por caso Odebrecht
Además, expresó que «en Guatemala reinventaron el Código Procesal Penal,» destacando que «ahora las salas de apelaciones emiten órdenes de captura».
Esto fue secundado por el exjuez guatemalteco Carlos Ruano, quien también se encuentra en el exilio, quien en su cuenta personal resaltó que según el Código Procesal Penal, una orden de aprehensión solo puede ser dictada por juzgados o tribunales de primera instancia.
«Las salas están para conocer de apelaciones, como su nombre lo indica. Si lo hacen es prevaricato», indicó Ruano.
Según el Código Procesal Guatemalteco, una orden de aprehensión solo puede ser dictada por los juzgados o tribunales de la primera instancia, los que llevan el control del proceso. Las salas están para conocer de apelaciones, como su nombre lo indica. Si lo hacen es PREVARICATO. pic.twitter.com/J5inIndWnA
— Carlos Giovanni Ruano Pineda (@carlos_ruano_) June 2, 2025
«SE LES ACABA EL TIEMPO»
Para un medio radial guatemalteco, Sandoval reiteró que el MP se han instrumentalizado para proteger a actores corruptos y que solo le quedan 11 meses para seguir realizando estas acciones ilegales.
«Están atacando la democracia y van a acelerar el paso porque les quedan menos de 12 meses en el cargo», expresó, puesto que el próximo mes de mayo de 2026, finaliza el actual período de Porras al frente del ente investigador.
Ni la Interpol quiso prestarse al show. Porras y Curruchiche pidieron alertas rojas y les dijeron que no: persecución política no es delito internacional.
Qué pena, tanto abuso de poder… para que afuera los traten como lo que son: fiscales al servicio de la impunidad. pic.twitter.com/joJRaBC3nX
— Juan Francisco Sandoval (@JSandoval1982) June 3, 2025
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