CSJ rechaza in límine seis solicitudes de antejuicio contra funcionarios de Gobierno, Porras y Orellana

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó in límine seis solicitudes de antejuicio presentadas contra distintos funcionarios públicos, según lo informó este jueves el vocero del Organismo Judicial (OJ) Ludwin Villalta.

Entre los antejuicios rechazados se encuentra el promovido por el Ministerio Público (MP) contra la jueza Marjorie Azpurú, del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, por haber otorgado medidas sustitutivas a los exfiscales Gonzalo Chilel y Carlos Faustino Pérez, vinculados en el proceso contra el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo.

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RECHAZO DE SOLICITUDES CONTRA FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO

El vocero del OJ indicó que fue descartado el antejuicio contra el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, solicitado por la Fundación contra el Terrorismo (FCT), que lo señalaba por supuestas irregularidades en el ascenso de personal militar.

Otro de los procesos rechazados fue el planteado contra el ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, señalado por el MP de desobediencia, tras una serie de despidos dentro de la institución.

También fue rechazado el antejuicio contra el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, solicitado por el MP a raíz de una denuncia del expresidente del Banco de los Trabajadores, Jorge Mondal, quien lo acusó de perjurio y falsedad ideológica en el contexto de su destitución.

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Asimismo, desestimó el antejuicio promovido por el abogado Miguel Ballsells contra el presidente Bernardo Arévalo, el diputado Samuel Pérez y el expresidente Alejandro Giammattei.

El denunciante los acusaba de provocar, en caso de Arévalo y Pérez, y no intervenir, en el caso de Giammattei, ante los bloqueos ocurridos durante las protestas de 2023, en las que se pedía la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras.

NO HA LUGAR SOLICITUD CONTRA PORRAS Y ORELLANA

Villalta explicó también que la CSJ no dio trámite a la solicitud de antejuicio presentada por Alida Arana Vicente contra la fiscal general, Consuelo Porras, y el juez Fredy Orellana, a quienes acusaba de abuso de autoridad por el secuestro de cajas con material electoral.