El Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró el pasado jueves 8 de mayo a las autoridades de Guatemala «internacionalmente responsables» por no haber cumplido los acuerdos de reasentamiento y otras medidas de reparación a las que había llegado con comunidades del pueblo maya hace 14 años, durante el gobierno del presidente Álvaro Colom.
En una «decisión histórica», el comité concluyó en un informe que Guatemala nunca puso en práctica esas medidas, que incluían también la construcción de viviendas alternativas.
Asimismo, indemnización a pueblos k’iche, ixil y kaqchikel, desplazados forzosamente durante el Conflicto Armado Interno de la década de los 80.
La conclusión se ha emitido después de que 269 miembros de esas tres comunidades afectadas llevaran en 2021 el caso al comité, formado por 18 juristas y expertos en derechos humanos y presidido actualmente por la paraguaya Tania María Abdo.
LA CONCLUSIÓN
En su conclusión, el Comité solicitó a Guatemala que construya las viviendas acordadas y proporcione a las víctimas, así como a sus hijos y nietos, el tratamiento médico y psicológico necesario, según destacó en un comunicado.
También le pide que les proporcione becas de estudio y que organice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el que pida perdón por las violaciones perpetradas.
Asimismo solicita que las autoridades busquen y entreguen a las víctimas los restos de familiares asesinados desaparecidos, ya que en las operaciones de «tierra arrasada» durante el conflicto los desplazados no pudieron enterrar a familiares, muchos de ellos ejecutados, de acuerdo con sus rituales funerarios.
En la decisión, el comité recordó que las víctimas fueron desarraigadas violentamente de sus territorios tradicionales y obligadas a buscar refugio en la capital guatemalteca, en violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo cumplimiento por parte de los Estados firmantes supervisa.
«El desarraigo de las víctimas de sus territorios tradicionales tuvo un impacto profundamente devastador y duradero, ya que fueron despojadas irremediablemente de su identidad cultural», comentó en el comunicado la integrante del comité, Hélène Tigroudja.
El comité contó con el apoyo de un juez adscrito a la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia y de la ONG Indigenous Peoples Rights International.
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