EFE: organizaciones en GT señalan a Consuelo Porras de ser «bastión» de la persecución selectiva

Organizaciones no gubernamentales en Guatemala se han pronunciado respecto a la persecución y criminalización que, según estas, ejerce el Ministerio Público (MP) contra periodistas, defensores de derechos humanos y líderes indígenas.

El periodista José Rubén Zamora, el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, el viceministro Luis Pacheco, el abogado Gustavo Masaya y el líder indígena Héctor Chaclán permanecen encarcelados en Guatemala como «presos políticos» por la persecución judicial en su contra por parte del MP, denunciaron ONG guatemaltecas.

«Se está utilizando la prisión política para atemorizar a las organizaciones sociales, a los líderes indígenas, a periodistas y jueces, para que tengan miedo de manifestar o denunciar las violaciones y atropellos que suceden en el país», advirtió la abogada Wendy López, integrante de la ONG Bufete de Pueblos Indígenas.

López aseguró a EFE que el MP, dirigido por la fiscal general, Consuelo Porras, es desde 2018 el «bastión» de la persecución selectiva, apoyada por varios jueces que «se han prestado» para emitir órdenes de captura en esos casos.

Capturan a Luis Pacheco, actual viceministro del MEM y expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán

DETENCIÓN DE VICEMINISTRO

Las detenciones más recientes tuvieron lugar el pasado miércoles 23 de abril, con la captura del actual viceministro Luis Pacheco, y del líder indígena Héctor Chaclán, acusados de terrorismo por el ente investigador, cuya cúpula está sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.

Tanto Pacheco como Chaclán lideraron a la organización 48 Cantones de Totonicapán en defensa de la democracia en 2023, tras los intentos por parte del MP de anular los resultados electorales que ese año llevaron a la presidencia al actual mandatario, Bernardo Arévalo.

Ambos se unen a un listado de «presos políticos» en el que se encuentra el periodista José Rubén Zamora, encarcelado desde el 29 de julio de 2022 sin una condena en su contra, después de publicar casi 200 reportajes donde se detallaba la supuesta corrupción del Gobierno que presidió Alejandro Giammattei (2020-2024), también sancionado por EE. UU.

Eduardo Masaya no consiente aceptación mencionada por su abogado

Junto al periodista también se encuentran encarcelados el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, por supuestos delitos administrativos, y el abogado Eduardo Masaya, por un caso en contra del partido oficial.

UNA PERSECUCIÓN «SELECTIVA»

En opinión de Brenda Guillén, coordinadora de la organización Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua), existe una «persecución selectiva» por parte del Ministerio tras la cooptación de las «instituciones del Estado».

Guillén aseguró que durante los últimos años su organización ha registrado a nivel judicial un «escenario peligroso y convulso» por decenas de casos donde la Fiscalía se dedica a «criminalizar» a líderes comunitarios que defienden derechos humanos o a personajes incómodos que denuncian la corrupción e impunidad.

El MP dice tener plenas pruebas pero declara en reserva caso por protestas 2023

«La criminalización se da en casos donde las pruebas son escasas. La Fiscalía pide reserva de los procesos para impedir acceso a los detalles. Se obstaculiza la defensa de los detenidos a toda costa, dilatan los procesos y se abusa de la prisión preventiva como una forma de venganza o castigo», agrega López.

Actualmente, la fiscal general y la cúpula del MP, al igual que dos jueces penales que han participado en los casos contra los «presos políticos», se encuentran sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de «corrupción y acciones antidemocráticas».