El Ministerio Público (MP) reportó la mañana de este lunes 16 de diciembre la captura de dos primeras personas, dentro de las investigaciones del caso de posible defraudación tributaria B410, identificados como David Francisco Barrera Maldonado y Carlos René Ayala Morales.
A Barrera Maldonado lo sindican de lavado de dinero y otros activos, mientras que Ayala, representante legal de una empresa constructora, de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.
Retransmisión: Ministerio Público ofrece conferencia de prensa por caso B410
MP reporta captura de dos primeras personas dentro del caso B410
VENDÍA SOCIEDADES ANÓNIMAS
Barrera es abogado y notario, fundador, administrador y representante legal de al menos 210 empresas dentro del grupo de 410 que presuntamente habrían defraudado al fisco durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei, junto con su pareja Miguel Martínez.
El pasado 16 de agosto, la fiscalía de delitos económicos llevó a cabo siete diligencias de allanamiento en las zonas 9, 7, 5, y 15 de la Ciudad de Guatemala.
Aquella vez allanó la oficina de Barrera y la del también notario José Luis Oropín Mollinedo, ubicada en zona 9 capitalina, para recabar indicios «importantes para la investigación y obtener información», que permitió establecer la forma que operan los profesionales.
De acuerdo con el MP, estos notarios se dedicaban a constituir sociedades anónimas para luego venderlas a terceros que tenían la obligación de actualizar cada cierto tiempo el domicilio fiscal y nombrar a otro representante legal.
Sin embargo, muchas de estas empresas jamás lo hicieron y son, según el ente investigador, las que están dentro del caso B410.
Barrera es representante legal de Chubasco S.A., junto con Juan Carlos García Hernández.
El MP tiene tiempos distintos: así justifican lo actuado en el B410
«MI MAYOR ERROR FUE COMPRAR A DOS EMPRESAS VINCULADAS AL CASO»
Ayala Morales es representante legal de PCS Construcciones, a la cual, según datos de Guatecompras se le adjudicaron Q77.4 millones en 40 concursos.
Además, en ese periodo facturó Q5.3 millones con el Estado por la elaboración de estudios técnicos, renta de maquinaria, así como venta de harina fortificada, frijol, aceite vegetal, entre otros, principalmente a la municipalidad de Palín, Escuintla.
Tras su detención este lunes 16 de diciembre, expresó que ya resolvió la situación tributaria por la cual fue denunciado ante el Juzgado de Asuntos Tributarios y Aduaneros.
«Ya se resolvió a mi favor, quitándome el arraigo para trabajar libremente, y en una semana pasa esto (su captura)», expresó Ayala.
B410 y los contratos de cinco constructoras con el Estado entre 2021 y 2023
«Mi mayor error fue comprarle a dos empresas vinculadas con ese caso», declaró Ayala refiriéndose al B410.
En ese sentido, explicó que compró materiales a dos empresas para ejecutar las obras que realizó en 2021 y 2022 en Escuintla, donde obtenía varios proyectos.
De acuerdo con la información de la plataforma que utiliza La Hora, la entidad que más le adjudicó contratos a PCS durante ese periodo fue la municipalidad de Masagua, Escuintla, por Q27.9 millones
LAS 5 ENTIDADES QUE MÁS COMPRARON
- Municipalidad de Masagua, Escuintla: Q27.9 millones
- Municipalidad de Siquinalá, Escuintla: Q11. 4 millones
- Municipalidad de Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez: Q10.5 millones
- Municipalidad de Palín, Escuintla: Q5.6 millones
- Municipalidad de Salcajá, Quetzaltenango: Q5 millones
SEÑALADO DE FRAUDE EN EL SAN JUAN DE DIOS
El gobierno, el pasado 10 de octubre, denunció a siete exfuncionarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y dos empresas por un caso de corrupción en el hospital San Juan de Dios, donde se defraudó Q11 millones 834 mil 850, según la administración del centro hospitalario.
El Estado denunció, entonces, al jefe de Compras y Contrataciones, Eder Medardo López Morales, que ejerció este cargo desde el 11 de marzo de 2022 hasta el 4 de mayo de 2023, por el delito de abuso de autoridad y fraude.
Según la información, López y los otros seis exfuncionarios se habría visto involucrados en un caso de defraudación y corrupción que benefició a la empresa de nombre Grupo Propela S.A., que consiguió entre el 17 de mayo y el 17 de noviembre de 2022 ganar 129 procesos de compra directa y 15 de baja cuantía por un monto total de 11 millones 834 mil 850 de quetzales.
Asimismo, el Gobierno resaltó que la empresa Grupo Propela S.A., que además no contaba con dirección real, está involucrada en el caso B410.
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