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Las reformas a la Ley de Tránsito, aprobada por el Congreso de la República, fueron publicadas este lunes 16 de diciembre en el Diario Oficial, y de acuerdo con lo establecido, entrará en vigencia 8 días después de la publicación.
Estas reformas, parte del decreto 132-96 del Congreso de la República, adicionan a la Ley de Tránsito los artículos 18 bis, 20 bis, seis párrafos al artículo 31, así como reformas los artículo 33, 34 y 35 de la referida ley.
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DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
En el artículo 1 se establece que todo vehículo debe poseer tarjeta de circulación vigente, electrónica digital o impresa, placa o placas, y calcomanía de circulación vigente, ya sea electrónica digital o impresa.
Para esto, decreto resalta que las autoridades competentes deben asegurar que los documentos de circulación deben contar con los distintivos de seguridad que permitan comprobar su validación y autenticidad, por parte de los agentes de tránsito tanto de la Policía Nacional Civil (PNC) como de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).
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De igual manera, remarca que «la autoridad competente no podrá impedir, retener o bloquear el acceso físico o la descarga de información de los documentos del vehículo del año vigente como medida coercitiva para el cobro de multas de tránsito».
SIN MULTAS EN RUTAS NACIONALES Y CENTROAMERICANAS
En el mismo artículo que añade el artículo 18 bis, se detalla que las autoridades de tránsito municipales tienen prohibido imponer multas de cualquier tipo en las rutas centroamericanas y nacionales.
Además, también se les prohíbe realizar operativos de control en las referidas rutas, como medida para garantizar el pago de una infracción de tránsito.
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VEHÍCULOS DEL ESTADO DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS
El artículo 20 bis también es agregado a la Ley de Tránsito, el cual decreta que los vehículos que sean propiedad del Estado deberán estar identificados con logotipo oficial de la institución o dependencia a la que pertenezcan.
«Ya sea a través de calcomanía, impresión o análogo, y tendrá dimensiones visibles de por lo menos 21 centímetros de ancho por 30 de largo, ubicado en la luneta o en los laterales del vehículo», se lee.
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Además, establece que la Contraloría General de Cuentas (CGC) será la encargada de que esta instancia se cumpla.
Sin embargo, exceptúa de esta disposición los vehículos de transporte y seguridad de funcionarios o empleados públicos que, por su cargo, su seguridad pueda verse amenazada.
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