Por Denis Aguilar
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Esta mañana las distintas organizaciones que conforman el Pacto Ciudadano lanzaron una propuesta para la reactivación económica, la cual se indicó, está enfocada hacia un rostro más humano.
Esa propuesta, tiene como objetivos aumentar los ingresos, la producción y los empleos en el corto plazo, así como la atención prioritaria a niños, niñas, poblaciones vulnerables y excluidas; además, busca reducir los niveles de pobreza y desigualdad.
En tal sentido explicaron que entre la premisa de esta propuesta se encuentra el tema del consumo, que ha sido la principal base del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos años.
Por lo tanto, señalaron que la caída del consumo, además de otros indicadores económicos como las exportaciones y el turismo explican la recesión de la economía guatemalteca, como resultado de los efectos de la pandemia del COVID-19.
LOS EJES DE LA PROPUESTA
Juan Alberto Fuentes Knight, ex ministro de Finanzas Públicas y miembro de la Comisión Económica del Pacto Ciudadano explicó que la propuesta de reactivación económica consta de un total de 10 ejes para ser impulsados mediante esta propuesta.
El primer eje se trata de un Bono Familia para aumentar el consumo y la protección social, donde el Estado destine Q12 mil millones y se aplique un adecuado registro de beneficiarios, con un enfoque especial hacia las mujeres y los pueblos originarios.
Otro de los ejes es el fomento a la producción de alimentos y atención a la agricultura familiar, aplicando estímulos a la producción de alimentos y compras públicas de granos básicos y hortalizas a través unidades debidamente autorizada, favoreciendo a productores.
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El tercer eje se trata de un programa de obra pública local que incluya construcción y reparación de infraestructura, como centros de salud, escuelas, caminos vecinales, obras de riego; así como un programa de vivienda popular.
También se propone la reactivación de las exportaciones de bienes y servicios, así como a las pequeñas y medianas empresas, reorientando el crédito para destinarlo a exportadores afectados debido a la caída del turismo.
Además, se proponen la implementación de un programa intensivo de capacitación al sector público y privado para el uso correcto de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, así como la simplificación de manuales de adquisiciones de las unidades ejecutoras.
Asimismo, el Pacto Ciudadano propone convertir al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) en un banco público de desarrollo, donde se amplíen los objetivos de este y se establezcan fondos de garantía.
Para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se propone fortalecer la gestión de esta cartera por Q522 millones, mediante un modelo logístico de atención especial al COVID-19, así como el mejoramiento de la vigilancia epidemiológica y formar a un mejor personal de salud.
OTRAS PROPUESTAS: SISTEMA JUDICIAL INDEPENDIENTE
La octava propuesta presentada por el Pacto Ciudadano aborda el tema de la del sistema de justicia, donde se insta a asegurar una elección de jueces y magistrados independientes para para contar con una reactivación económica sostenida para garantizar la seguridad jurídica, especialmente en contratos mercantiles y laborales.
Esta propuesta se enfoca también en facilitar la solución pacífica de las diferencias que se puedan dar.
En este momento, Pacto Ciudadano realiza la presentación de una propuesta de reactivación económica con rostro humano. pic.twitter.com/KcNANz1F92
— Diario La Hora (@lahoragt) September 10, 2020
EL FINANCIAMIENTO
La novena propuesta habla sobre el financiamiento de esta reactivación económica con rostro humano, lo cual se puede realizar con un endeudamiento interno a largo plazo, por medio de las disposiciones establecidas en el artículo 133 de la Constitución.
De esta forma, se estaría obviando el financiamiento mediante deuda externa, el cual tiene un mayor costo y un menor plazo de pago.
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Como última propuesta se establece una política de transparencia y rendición de cuentas, por medio de un sistema de supervisión con capacidades de evaluación, control cruzado y seguimiento de casos y que se hagan encuestas trimestrales de empleo e ingresos.
“Estamos recomendando también que haya un participación fuerte y protagónica de las organizaciones sociales, en la fiscalización de este programa y en los programas del gobierno en general, eso implica un acceso efectivo a la información”, dijo Fuentes Knight; añadió que pese a tener una Ley de Acceso a la Información Pública “siempre cuesta conseguir la información”.
