Por Denis Aguilar
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La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Asamblea Social y Popular (ASP) y la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), accionaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el acuerdo ministerial 250-2020, relacionado al pago del Bono 14.
El PDH, Jordán Rodas, indicó que acudió a la CC a presentar una inconstitucionalidad general contra el acuerdo emitido por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), asegurando que este se fundamentó en leyes que ya no tienen vigencia
“Dicho acuerdo se fundamenta en la aplicación supletoria de los artículos 11 y 12 de la ley que dio vida al aguinaldo, pero el artículo 17 de esta misma ley indica que estos artículos eran transitorios solo para el año de su creación en 1978, es decir que fundamentaron un acuerdo en leyes que perdieron positividad”, dijo Rodas.
Además, el magistrado de conciencia señala que se está limitando el derecho adquirido, lo cual está prohibido por la Constitución Política de la República de Guatemala.
“Esto se da dentro de la crisis humanitaria que estamos viviendo como país, especialmente está golpeando al sector más vulnerable de la relación laboral, como lo son los trabajadores. En consecuencia, espero que la honorable Corte de Constitucionalidad otorgue la suspensión provisional de este acuerdo y así puedan gozar todas y todos los trabajadores del Bono 14”, afirmó.
Asamblea Social y Popular junto a la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo ministerial emitido por el Ministerio de Trabajo por el Bono 14.
?: José Orozco/LH pic.twitter.com/TnGzX7lNXL
— Diario La Hora (@lahoragt) July 13, 2020
AEU: ACUERDO ATENTA CONTRA GARANTÍAS LABORALES
Por su parte Laura Aguiar, secretaria general de la AEU, mencionó que este acuerdo ministerial abre la puerta para que en el futuro suceda los mismo con otras garantías laborales, como lo son las jornadas de trabajo, pago y goce de vacaciones, seguridad social, salarios mínimos y aguinaldo.
“El Bono 14 es un pago proporcional al tiempo laborado y las y los trabajadores guatemaltecos han trabajado y producido ganancias para las empresas de julio de 2019 a junio del 2020, ya que las empresas están obligadas a mantener el pasivo laboral y es inaceptable que traten de justificar que no tienen los recursos para hacer el pago de este derecho”, dijo Aguiar.
Asimismo, detalló que esta medida viene a agravar más la situación económica de la clase trabajadora, que aseguró ha sido la más golpeada por el mal manejo de la crisis sanitaria y de los programas de apoyo.
“Las medidas que ha tomado el gobierno a lo largo de la pandemia, inclusive luego de los préstamos millonarios, no se han visto reflejadas en el sistema de salud, ni en las ayudas sociales”, dijo.
Lea: BONO 14: Mintrab detalla qué debe llevar acta de declaración jurada
Aguiar mencionó que el gobierno ha emitido medidas que solo han beneficiado a empresarios, como es el caso del aplazamiento de la cuotas del IGSS, la suspensión de contratos laborales en el Estado de Calamidad y ahora la suspensión del pago del Bono 14.
Ana Esperanza Tubac, de la ASP, señaló que el acuerdo 250-2020 perjudica a los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad y que solo está beneficiando a las empresas, por lo que decidieron accionar para que este quede sin efecto.
EL ACUERDO
El pasado viernes, el Ministerio de Trabajo publicó el acuerdo ministerial 250-2020, donde se explica que los patronos que no puedan pagar el Bono 14 deberán presentar un acta notarial de declaración jurada, argumentando las razones que les imposibilita el pago de esta bonificación.
Aunado a la declaración jurada, los patronos deben entregar una certificación que contenga los índices de solvencia, liquidez y endeudamiento al 30 de junio del 2020, además de un informe sobre el pasivo registrado de manera contable del Bono 14.
