Tras concluir el gabinete de gobierno de este lunes 22 de julio, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), Santiago Palomo, informó que el presidente de la República, Bernardo Arévalo, se reunió con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realiza una visita in loco a Guatemala.
Aunque no se especificó el tema de la cita con el mandatario, durante la conferencia de prensa ofrecida por la delegación, se aseguró que el propósito de la visita sería observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país a partir de la última visita del 2017.
Palomo dijo que la visita de la delegación es un mito, pues desde hace ocho años no realizaban un recorrido por el país, lo cual, a su criterio, demuestra la apertura del gobierno al sistema interamericano de derechos humanos para avanzar en una agenda de fortalecimiento institucional, así como en el marco de justicia, especialmente en la independencia.
Aseguró que el viernes 26 de julio se darán a conocer los principales hallazgos, los cuales serán complementados, en 20 días, con la presentación de un informe más desarrollado, y en cinco o seis meses las conclusiones de manera oficial.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, dijo que sostendrá una reunión con la delegación de la CIDH, la cual, reviste de importancia porque el gobierno no solo está en la consideración de los derechos humanos como un principio constitucional, si no promueve una cultura de que el Estado debe garantizar su aplicación.
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VISITA
De acuerdo con Andrea Pochak, relatora de la CIDH para Guatemala, la delegación se reunirá con autoridades del Ejecutivo, del Legislativo, el Organismo Judicial y el Ministerio Público (MP).
Además de la Ciudad de Guatemala, visitarán Alta Verapaz, Izabal, Totonicapán, Petén, Sololá, Quetzaltenango y San Marcos, donde tendrá reuniones con autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil.
El objetivo de la visita es obtener información sobre los avances y desafíos en materia de memoria, verdad, justicia y reparación por los crímenes del Conflicto Armado Interno, así como la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y sobre seguridad ciudadana.
