En cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se condenó al Estado de Guatemala por adopciones internacionales irregulares, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, ofreció una disculpa a los padres biológicos de los hermanos Tobar Ramírez que fueron separados y luego, haber sido dados en adopción en el año 1996.
En el inicio de su discurso, el mandatario dijo que el camino de la verdad empieza con el reconocimiento de los errores. Lamentó que lo sucedido en el pasado, en donde la separación injustificada, involuntaria y forzada de niños, niñas y adolescentes se haya dado con el consentimiento del Estado.
Expresó que el «poder librarnos de esa historia de desgarro y tragedia es una tarea diaria que requiere reconocer, reparar y reconducir las acciones de las instituciones para garantizar que estos actos no se puedan repetir nunca».
Los actos de reconocimiento, según dijo, son necesarios para la reconciliación y para la construcción de una sociedad de cara a un futuro libre de las violaciones de Derechos Humanos.
Aseguró que la instrumentalización del Estado para facilitar estas acciones no tiene justificación, no tiene excusa y es condenable en todo sentido.
Enfatizó que, este caso en específico, con el desgarramiento de Gustavo Tobar, padre, Flor María Ramírez, madre, Osmín Tobar y su hermano JR no puede permitirse que vuelva a suceder.
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«Don Gustavo, doña Flor, sin duda sus vidas han quedado marcadas por este desgarramiento trágico, pero hoy reciban el abrazo de un todo un pueblo que celebra que hoy se encuentran reunidos y que representados por sus autoridades les extienden una muestra de solidaridad fraterna y ciudadana», apuntó.
Indicó que el acto de disculpas públicas es la representación de las «disculpas que el Estado le debe a cada una de las familias y personas a las que les falló, por la acción u omisión de cualquier funcionario público».
También es el compromiso con el que se ofrece superar las malas prácticas, las políticas, la impunidad, la negligencia, que ha permitido de parte del Estado y sus dependencias e instituciones no se protejan a las familias, dijo.
LA SENTENCIA
El director Ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), Oswaldo Samayoa, indicó que la CIDH condenó a Guatemala y señaló a los padres biológicos de Osmín Tobar y su hermano JR como víctimas.
Recordó que la sentencia de la CIDH afirma que en el caso de Gustavo Tobar y Flor de María Ramírez se violaron los derechos preceptuados en la Convención Americana Sobre de Derechos Humanos, específicamente en lo contemplado en la injerencia arbitraria a la vida familiar, garantías judiciales, y el derecho a la protección de la familia.
Además, indicó que el Estado de Guatemala reconoció que se violó las garantías judiciales en un plazo razonables que contempla la misma normativa vigente, así como a los derechos de la prohibición de la discriminación con relación a la obligación de respetar y garantizar los derechos a la vida familiar y protección de la familia, entre otros.
CASO
El caso conocido como Ramírez Escobar versus Guatemala sé remota al año 1996, cuando los hermanos Osmín y JR Tobar fueron separados de sus padres biológicos y luego adoptados por una familia estadounidense.
En la reseña del caso, se dice que los hermanos Tobar Ramírez tenían 2 y 7 años de edad, y que el 18 de diciembre de 1996 se recibió una denuncia anónima en la que se señaló que los menores de edad, en ese momento se encontraban abandonados.
El 8 de enero de 1997, el juzgado Primero de Primera Instancia de Menores de la ciudad solicitó a la Procuraduría General de la Nación (PGN), para que se constituyera en el domicilio para constatar lo denunciado y conducir a los niños para su internamiento en la Asociación Los Niños de Guatemala.
El 27 de enero el juzgado mencionado confirmó el internamiento de los menores, a su vez la abuela materna solicitó la custodia de sus nietos, sin embargo, la PGN consideró que, tomando en cuenta su situación económica, que continuaran en dicha asociación.
Posteriormente la PGN pidió que se declarara en abandono y se iniciara el proceso de adopción, a lo cual el juzgado accedió en agosto de 1997.
El 11 de diciembre, luego de un procedimiento legal, se declaró firme el estado de abandono. En abril de 1998 se inició el proceso de adopción, con ciertas irregulares. Fueron adoptados en junio de este mismo año, por dos familias estadounidenses, una de Ilinois y la otra de Pensilvania.
