Dos ministerios señalan posibles anomalías en proyecto minero

En conferencia de prensa, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Patricia Orantes, informó que fue revocada la licencia otorgada para la explotación minera a cielo abierto al proyecto minero Cerro Blanco, que tiene 17 años en el país, en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa con sistema subterráneo.

La funcionaria explicó que la empresa encargada de la explotación minera Elevar Resources, hizo la solicitud de una actualización de la licencia ambiental en el 2021, la cual le fue aprobada el 9 de enero de 2024. Sin embargo, las autoridades actuales se enteraron de esto por una publicación que hizo la propia empresa el 17 de enero.

También dijo que de manera pública y a lo interno de la cartera que dirige se identificaron señalamientos al proceso de otorgamiento de dicha licencia y los cuales fueron analizados, por lo que los dictámenes técnicos y jurídicos comprobaron una serie de anomalías.

Aseguró que con base en dichos dictámenes, el cambio de un sistema subterráneo a cielo abierto es diferente, por lo que es un proyecto nuevo, razón por la que no le correspondía solicitar una actualización de licencia ambiental, sino una nueva licencia que lleva un nuevo estudio de impacto ambiental.

Con esto, puntualizó que la decisión del MARN no solo fue revocar la licencia ambiental que le había sido otorgada en enero de este año, sino que se decidió que «el procedimiento para acceder a una licencia ambiental debe enmendarse, por lo que debe solicitar una nueva para el proyecto de explotación de cielo abierto», explicó.

ANOMALÍAS

Entre los hallazgos efectuados, Orantes destacó que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa Elevar Resources en 2021 indicaba un cambio del sistema de explotación subterránea a cielo abierto, por lo que la figura de actualización solicitada no procedía.

Esto debido a que el cambio de una actividad subterránea a cielo abierto implica un proyecto enteramente nuevo y diferente a la actividad original.

También dijo que el expediente tiene un correlativo que le correspondía a otra empresa, además las rubricas y firmas contenidas en la providencia, solicitud de ampliaciones y oficios emitidos dentro del MARN son presuntamente falsas, por lo que se presentaron las denuncias penales ante el Ministerio Público (MP).

Con ello, explicó que no existe evidencia documental que se haya notificado a la entidad encargada del proyecto sobre la solicitud de ampliaciones cuando estas fueron presentadas.

Otro hallazgo, según la ministra es que toda resolución debe ir acompañada de un número seguido de las iniciales de la persona que la redactó, pero en este caso en la resolución 8-2024 del 9 de enero de 2024 aparecen las iniciales de JARC que correspondían a un procurador jurídico que había dejado de laborar para el MARN en diciembre de 2023.

Además, indicó que se usurpó la identidad del notificador, pues se utilizó el nombre de una persona que se encontraba de vacaciones, quien presentó una denuncia ante el MP.

Finalmente, dijo que se extraviaron más de 900 folios del expediente original del proyecto de explotación minera Cerro Blanco que opera en Asunción Mita, Jutiapa.

DENUNCIA

La ministra dijo que por este caso y por la serie de anomalías detectadas fue presentada una denuncia contra el ex director de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, Diego Armando Jr. López Castillo.

La denuncia se presentó debido a que fue durante su mandato cuando ocurrieron dichas anomalías, por lo que cree que es necesario deducir responsabilidades. Añadió que López Castillo ya no labora en el MARN.

Dijo que al tener conocimiento de los hallazgos, estos fueron comunicados al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para su consideración.

RECHAZA EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO

Por su parte, el titular del MEM, Víctor Hugo Ventura, dijo compartir lo resuelto por el MARN e indicó que este es un proyecto que lleva muchos años y que las últimas exploraciones se realizaron a finales del año pasado.

Recordó que en el 2007, la cartera a su cargo otorgó una primera licencia a la empresa original por 25 años para explotación de minería subterránea, pero señaló que en los últimos 17 años la actividad minera de esta empresa ha sido mínima.

Explicó que debido a problemas internos y técnicos de lo que conlleva la explotación subterránea, la empresa se vio obligada a hacer el cambio de sistema; sin embargo, aseguró que ello no es posible realizar en una actualización, sino que una solicitud de un proyecto nuevo.

Aseveró que con la clara decisión que tomó el MARN, «al MEM no le queda más que rechazar el otorgamiento de la licencia para minería de cielo abierto», apuntó.

Dijo que les estarán comunicando esta determinación para que inicien un nuevo trámite que incluye el estudio de impacto ambiental, puntualizó.

PRONUNCIAMIENTO

A través de un comunicado, Elevar Resources, empresa encargada de la explotación minera del proyecto Cerro Blanco, rechazó las acciones tomadas por el MARN «por el intento de dejar sin efecto el instrumento de actualización EIA-329-2007», correspondiente a dicho proyecto minero.

Además, afirmó que las declaraciones emitidas por la titular de la cartera de Ambiente contravienen el artículo 125 de la Constitución Política de la República de Guatemala, pues asegura que «no tienen fundamento técnico ni legal, y están amparadas únicamente en posibles errores administrativos que nada tienen que ver con Elevar».

Se agregó que la decisión del MARN de suspender la ampliación de licencia, después de 6 meses de su emisión, «amenaza la certeza jurídica para los inversionistas internacionales y afecta directamente una inversión de más de US350 millones».

También se señaló que la empresa se reserva el derecho de recurrir a los tratados internacionales de inversión, para proteger sus derechos adquiridos y su inversión en el país.

Por último, la entidad aseguró que confía en la prevalencia del marco legal del país, para garantizar la seguridad jurídica de sus inversiones, por lo cual advirtió que hará uso de todos los mecanismos legales locales que estén a su disposición, «para defender su inversión y derechos adquiridos, incluyendo las acciones penales por los posibles delitos de abuso de autoridad y resoluciones contrarias a la Constitución y la ley, entre otros».