Víctor Hugo Ventura, ministro de Energía y Minas. Foto: Daniel Ramírez
Víctor Hugo Ventura, ministro de Energía y Minas. Foto: Daniel Ramírez

El titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Víctor Hugo Ventura, aseguró que la ampliación de la tarifa social, aprobada por el Gobierno de Bernardo Arévalo, se verá reflejada en los recibos de consumo de junio, los cuales son entregados a los usuarios del servicio de energía eléctrica en la primera quincena de julio.

El funcionario explicó que al estar aprobado por el Organismo Ejecutivo, lo que queda es la regularización del presupuesto y las transferencias, con lo cual el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) oficializará el subsidio.

Agregó que el INDE deberá comunicar a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), con lo cual empezará su aplicación.

Ventura aclaró que los recibos que durante esta quincena se están entregando a los consumidores, corresponden al mes de mayo; y reiteró que, de acuerdo con la planificación del Ejecutivo, el beneficio se dará a partir de junio, y que la disminución en la tarifa se verá en los comprobantes de este mes que se darán en la primera mitad de julio.

«Recuerde que ahora las facturas que están recibiendo los consumidores corresponden al consumo de mayo, por lo que en julio estarán llegando las del mes de junio», puntualizó.

APORTE DEL GOBIERNO

Además, indicó que este subsidio no será pagado por el INDE, sino que es un aporte del Gobierno Central, producto de unos recursos que existían en el Presupuesto 2023.

El ministro señaló que dichos recursos estaban dirigidos para combustibles para cocción de alimentos, como gas propano.

Además, insistió que en este momento se está realizando el trámite administrativo para que este beneficio llegue a los consumidores que están en rango de menos de 100 kilovatios por hora al mes, pues aquellos que han estado entre 89 para abajo, ya gozaban de la tarifa social.

Cristobal Véliz
Periodista de vocación. Amante de las leyes y del Estado de derecho. Experiencia de más de 10 años en la cobertura de los procesos de postulación y nombramientos de funcionarios públicos.
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