Por Cristian Velix
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La Fiscalía Contra la Corrupción realizó este día diligencias en la Dirección General de Caminos y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), por las pesquisas que se realizan en torno a la ejecución de la obra del Libramiento de Chimaltenango.
El Ministerio Público (MP) aclaró que no se trataban de allanamientos, ya que las instituciones públicas no pueden ser sujetas de esa acción y que las diligencias se realizan en coordinación y anuencia de las autoridades de cada institución.
“Su finalidad es la obtención de alguna información y documentación que está pendiente”, indicó al respecto el fiscal Stuardo Campo, jefe de esa unidad de investigación, quien agregó que esta semana también se solicitó información al Ministerio de Finanzas (Minfin).
Por otra parte, el investigador refirió que están a la espera de que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presente los resultados de tres auditorías tributarias en relación con este expediente de investigación.
“Estamos a la espera de que ingrese cierta información y de analizar otra parte que básicamente es lo que se ha estado realizando en estos días, y complementar la investigación con algunas cuestiones que estaban pendientes, justamente lo que hoy se está desarrollando en las instalaciones del Ministerio”, agregó el fiscal.
La Fiscalía contra la Corrupción realiza diligencias en la Dirección General de Caminos y el Ministerio de Comunicaciones, para la recopilación de información que contribuirá a la investigación del caso del Libramiento de Chimaltenango. pic.twitter.com/s4cuRgQ9s0
— Diario La Hora (@lahoragt) June 5, 2020
LA INVESTIGACIÓN
El jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción explicó que la investigación inició producto de los deslizamientos y derrumbes que se presentaron a finales de septiembre de 2019 en el Libramiento de Chimaltenango.
“En ese momento el Ministerio Público tuvo conocimiento de la posible comisión de hechos delictivos, ante la información relacionada de la existencia de falencias constructivas dentro del proyecto”, expuso Campo.
En esa línea, el fiscal dijo que a partir de ese momento la investigación se ha encaminado a establecer si se cumplió con la normativa para los procesos de licitación pública que fueron previamente promovidos para el efecto.
“Así como establecer técnicamente cuál el estado del proyecto, si efectivamente existen falencias, cuáles son y para ello nos hemos apoyado de la Contraloría General de Cuentas a través de su dirección de Infraestructura Pública, quienes ya rindieron un informe que está siendo objeto de análisis”, comentó el servidor público.
Por último, el investigador comentó que también se está haciendo un estudio desde el punto de vista financiero, porque todo el proyecto en su conjunto supera los Q600 millones y, al ser una cantidad de dinero considerable, refirió que se le debe dar seguimiento a ese dinero para establecer si existió algún beneficio indebido para funcionarios públicos que hayan intervenido en el evento.
