Por Cristian Velix
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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) informó que ayer se presentaron a esa unidad de investigación, los diputados Oscar Argueta, Carlos Barreda, Orlando Blanco, Karina Paz y Jairo Flores, quienes pusieron a disposición información acerca de las comunicaciones sostenidas por Sandra Torres con integrantes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
“En relación con qué tipo de información o cuál fue el objeto de la comunicación que ellos tuvieron ayer con personal de la Fiscalía, por la seguridad de ellos y la propia seguridad del proceso, no me puedo pronunciar al respecto”, añadió el funcionario.
A pesar de ello, el investigador explicó que lo presentado por los congresistas ya se encuentra en análisis y conforme al estudio que se haga, se harán las peticiones al órgano jurisdiccional correspondiente, lo que podría devenir en una solicitud de la FECI para que se le revoque el arresto domiciliario de la exprimera dama.
Esta posibilidad se produce debido a que Torres tiene que permanecer en su residencia y no debe asistir a reuniones de carácter político, sin embargo, según denunciaron con anterioridad legisladores de la UNE, la expresidenciable conversó con miembros de ese partido para convocar a diputados a un lugar de la zona 10.
INSISTE EN REUNIONES
Si bien la jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, ya rechazó dos peticiones de la sindicada en el Caso Financiamiento Electoral Ilícito de la UNE, para asistir a la sede del partido y a una reunión con parlamentarios, ella hizo una nueva petición.
La excandidata a la Presidencia presentó un nuevo memorial en dicha judicatura, pidiendo que se le autorizara acudir al Congreso. Este último requerimiento aún no ha sido resuelto por Domínguez y será la jueza quien decida lo que corresponde respecto a ese requerimiento.
Torres está enfrentando proceso penal por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado, por presuntamente consentir aportes a la UNE por casi Q6 millones, los cuales fueron usados por esa agrupación política en 2015, pero no reportados ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
