Por Cristian Velix
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Recursos obtenidos por al menos dos plazas fantasma, habrían servido para financiar gastos de mantenimiento de la sede del partido TODOS, según indicó en su declaración Jorge Estévez, colaborador eficaz en el Caso Asalto al Ministerio de Salud.
Dichas plazas fueron dadas a Odilia Ramírez y Mónica García, quienes, aparentemente, obtuvieron convenios laborales en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), esto por influencia del exdiputado Ronald Arango.
De esa manera, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) sostiene que Ramírez recibió un contrato de trabajo por cuatro meses, mientras que García obtuvo una plaza por alrededor de ocho meses, aunque ambas no se presentaron a trabajar.
De momento, se desconoce el monto exacto de lo cancelado por la cartera de Salud para el pago de esas plazas fantasma y cuánto de ello podría haber utilizado la agrupación política aludida por hechos que según la Fiscalía ocurrieron durante la administración de Jorge Villavicencio en esa institución.
NEGOCIO DE PLAZAS
Arango, quien fue citado por la jueza Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo «D», está señalado en este proceso penal junto a otros exlegisladores, que esperan solventar su situación jurídica en este expediente judicial.
Todos ellos están vinculados a la investigación por presuntamente solicitar la contratación de personas en el MSPAS, situación por la que están señalados en esta causa los exparlamentarios Aracely Chavarría, Marco Lemus, Humberto Sosa y Rubén Pérez.
De hecho, Pérez fue ligado a proceso ayer por los delitos de tráfico de influencias en forma continuada y asociación ilícita, por solicitar la contratación de cuatro personas e influir en la adjudicación que se otorgó a una empresa para realizar trabajos en el Hospital de Antigua Guatemala.
OTRO SEÑALADO
Por otra parte, esta mañana asistió a la Sala Tercera de Apelaciones el diputado Omar Nájera, también supuestamente implicado en esta carpeta judicial. La comparecencia del parlamentario fue para presentar sus pruebas de descargo por los señalamientos que pesan en su contra.
De esa manera, al ser abordado por periodistas el congresista prefirió no pronunciarse respecto a la solicitud de retiro de antejuicio que planteó en su contra la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) por este caso.
Asimismo, tampoco quiso hablar acerca del anuncio de que sería expulsado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por haber traicionado al partido y haber favorecido al oficialismo en la elección de la Junta Directiva en el Congreso.
