Por Cristian Velix
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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) analiza pedir que se revoque el arresto domiciliario con el que fue beneficiada la ex presidenciable Sandra Torres en el Caso Financiamiento Electoral Ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Dicha posición la asume la Fiscalía luego de que se conociera por diputados de la UNE que la ex primera dama ha tenido comunicación con integrantes de esa agrupación política y, aparentemente, intentar reunirse con congresistas.
“Ayer fueron hechas públicas algunas denuncias relacionadas con dicha persona y si recordamos la juez del Juzgado de Mayor Riesgo “E”, una de las medidas sustitutivas que impuso fue el hecho de no tener comunicación con personas relacionadas a la agrupación política”, refirió al respecto el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
En esa línea, el investigador indicó que están a la espera que las personas que hicieron públicamente la denuncia, al ser servidores públicos, pongan a disposición de la unidad de investigación que dirige la información que poseen y el dispositivo que recibió los mensajes.
El diputado Mario Taracena muestra mensajes que Torres envió a otros diputados de la UNE en las que daba ordenes para que no se eligiera a Carlos Barreda como jefe de bancada. pic.twitter.com/3S2JkMiEQ1
— Diario La Hora (@lahoragt) February 4, 2020
De esa manera, Sandoval explicó que es necesario que los congresistas entreguen el teléfono al que llegaron los mensajes, para que se haga la extracción y análisis. Tras de ello la Fiscalía podría pedir que se revoquen las medidas sustitutivas que le confirieron a Torres.
SOBRE LAS MEDIDAS
El 8 de enero pasado, cuando la jueza Eva Recinos, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “E”, le dio arresto domiciliario a la ex candidata a la Presidencia, le impuso una caución económica de Q800 mil y otras prohibiciones.
En ese sentido, la juzgadora le indicó que no podía salir del departamento de Guatemala, como tampoco del país sin autorización judicial, además, Recinos resolvió que ella debía acudir cada lunes al Ministerio Público (MP) a poner su huella dactilar.
Asimismo, la togada decidió que la sindicada iba a tener prohibición para reunirse con imputados y testigos, debido a los delitos por los que está acusada en el mencionado expediente judicial (asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado).
De igual manera, la jueza señaló que Torres no debía asistir a ninguna reunión política, en virtud de los ilícitos por los que está procesada y agregó que, si bien es Secretaria General de la UNE, ella debía evitar cualquier reunión de ese tipo.
LA DENUNCIA
En una conferencia de prensa de ayer, el jefe de la bancada de la UNE, Carlos Barreda, acompañado de otros diputados de ese partido, expresó que Torres a pesar de tener prohibición de juez de tener relación con el partido, ella intercambia mensajes con diputados, entre ellos Estuardo Vargas y Carlos López.
En el pronunciamiento, los legisladores presentaron imágenes de las conversaciones que sostuvo la ex presidenciable con integrantes del partido verde, en donde pide que “traigan a la reunión a la mayor cantidad de diputados que pueda” a la 8 avenida 16-55 Esquina, zona 10.
Se intentó contactar con Barreda para determinar si le darán el dispositivo a la FECI para que esta proceda a su análisis, pero no respondió a las llamadas, al igual que el diputado Mario Taracena y Oscar Argueta, sin embargo, no contestaron.
EXPRESIDENCIABLE SE PRONUNCIA
Sandra Torres indicó que, los diputados que pidieron su expulsión tienen intereses corruptos y que sus actitudes riñen con las leyes y la ética.https://t.co/jxKDlT2a0q— Diario La Hora (@lahoragt) February 4, 2020
CASO
Las investigaciones de la Fiscalía señalan a Torres de consentir aportes por casi Q6 millones a la UNE, los cuales sirvieron para financiar gastos del partido, no obstante, dicho financiamiento no fue declarado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Para evitar los controles de la máxima autoridad electoral, según las pesquisas, la agrupación política creó un mecanismo alterno de recaudación de fondos, el cual consistía en un conjunto de empresas que ocultaron el origen de los recursos.
