Por: Cristian Velix
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Nueve funcionarios públicos aliados del Gobierno del actual presidente Jimmy Morales dejarán sus puestos en medio de múltiples señalamientos por actos ocurridos antes y durante la presente administración gubernamental, la cual llegará a su fin el 14 de enero próximo.
Los principales funcionarios cuestionados lo componen los ministros del Ejecutivo, entre ellos Carlos Soto, Víctor Martínez, Acisclo Valladares, Sandra Jovel y Enrique Degenhart, en contra de quienes pesan diversas denuncias por supuestamente cometer actos ilícitos.
Junto a ellos el diputado de FCN-Nación, Estuardo Galdámez y Armando Escribá -congresista que buscó reelegirse por ese partido- podrán, tras esa fecha, ser investigados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la cual ya requirió que se les levante la inmunidad.
También podrá ser investigado el ministro Mario Méndez, por quien el Ministerio Público (MP) señaló que no descartaba pedir que se le levantara la inmunidad, por supuestos actos irregulares durante los comicios de este año, surgidos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
De esa forma, ellos podrían ser llevados ante la justicia, situación que ya le sucedió a Williams Mansilla, anterior titular del Ministerio de la Defensa (Mindef) durante el período presidencial de Morales, y que ahora debe enfrentar juicio por el Caso Bono Militar.
En ese contexto, serán la FECI, al igual que la Fiscalía Contra la Corrupción, la Fiscalía de Delitos Administrativos y la Fiscalía de Delitos Electorales, las que decidan si proceden en realizar una persecución penal en contra de dichos servidores públicos.
LOS SEÑALAMIENTOS
Soto, titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), está señalado por el MP de haber ejercido presiones para que se contratara en el Hospital de Nebaj, Quiché, a un médico que tenía impedimento legal para prestar servicios.
Por su parte, Martínez tiene presuntos cargos en su contra por haber utilizado recursos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU) para financiar estrategias de campaña del Partido Unionista y asegurar la elección, en la comuna capitalina, del fallecido alcalde Álvaro Arzú.
En tanto que Valladares, según la FECI, entregó sobornos desembolsados por una empresa de telecomunicaciones para que se trasladaran fondos a diputados, a cambio de que se aprobaran determinadas leyes en el Congreso de la República.
Asimismo, Jovel y Degenhart tienen señalamientos por no acatar resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), respecto a no impedir, en su momento, el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
De igual manera, Galdámez podría enfrentar proceso por beneficiarse de una comisión ilícita por la construcción de un hospital en Ixcán, Quiché, cuyo costo fue de cerca de Q80 millones y se financió con fondos públicos, aunque el legislador también podría ser llevado ante un juez por otros dos casos de la FECI.
Por último, Escribá está presuntamente implicado en el Caso Construcción y Corrupción, mientras que Méndez tendría señalamientos por la entrega de cupones canjeables por alimentos del MAGA, los cuales presuntamente fueron utilizados por candidatos del oficialismo antes de la primera vuelta electoral para obtener votos, dicha posibilidad es investigada por el MP.
