Por: Cristian Velix
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Durante octubre se dieron fuertes señalamientos en contra de la fiscal general, María Consuelo Porras, primero por una querella presentada en su contra por el supuesto atraso en la judicialización del Caso Financiamiento Electoral Ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), como también de que en su administración hubo negociaciones irregulares para pagos a proveedores del Estado, hecho denunciado por una extrabajadora del Ministerio Público (MP), lo cual a criterio de analistas debilita la institucionalidad y genera preocupación.
Para Eddie Cux, integrante de Acción Ciudadana (AC), este tipo de situaciones debilitan la institucionalidad del Ministerio Público (MP), que había tenido una perceptible mejoría cuando se planteaban las investigaciones contra la corrupción junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
“Estos señalamientos no han sido nuevos. La postura de la Fiscal General en este momento siempre ha sido evasiva, de no afrontar verdaderamente los problemas, lo cual se manifiesta en un debilitamiento de la entidad”, agregó el profesional.
En ese contexto, el abogado explicó que es muy grande el daño que puede causársele a ese órgano encargado de la persecución penal, ya que existe un 94% de impunidad en el país y tampoco hay una verdadera confianza en los organismos de justicia.
“Incluso, el plantear de esa forma una cuestión en la que se duda de la integridad de la Fiscal General, afecta definitivamente en esa percepción que tiene la población y obviamente genera más problemas en el país, porque ya nadie confía en el Sistema de Justicia”, añadió Cux.
Asimismo, el entrevistado dijo que Porras ha tenido en sus manos investigaciones “muy importantes para el país”, como la de la reunión del mandatario Jimmy Morales con el excandidato a la Presidencia, Mario Estrada, que podrían dar la percepción de que está buscando la justicia y que está aplicando la ley como ella lo dice en sus discursos, sin embargo, agregó que “mucho discurso acerca de las leyes no tiene congruencia con los actos o con las omisiones que están pasando en el MP”.
“Ella representa toda esa institucionalidad, es decir, si en algún momento el Ministerio Público ha sido el referente en la lucha contra la corrupción, en este caso vemos un retroceso en ese sentido, ya no se le ve de esa manera”, afirmó el entrevistado.
Por último, Cux manifestó que aspectos como un verdadero apoyo para los fiscales que están y han trabajado en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), permitiría que Consuelo Porras gane un poco de confianza, aunque resaltó que debe de dejar los discursos jurídicos, que no plantean ninguna solución verdadera.
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ASÍES: AÚN SIGUE TENIENDO EL BENEFICIO DE LA DUDA
Respeto a los señalamientos contra la Fiscal General, Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) expresó que por lo menos la actuación del MP en los procesos que investiga sindicados en actos de corrupción sigue siendo la adecuada, porque bien podría haber acciones orientadas a reducir la eficacia de la FECI y afectar su buen desempeño.
“Pero están estas señales que son preocupantes. Ella (Porras) sigue teniendo el beneficio de la duda (…) pero se necesita de ella una manifestación clara de compromiso en mantener la lucha contra la corrupción, como una actividad fundamental del Ministerio Público”, comentó el experto.
Esto último, según el consultor, porque de lo contrario lo que se logró en 2015, en el que algunos pensaban que íbamos a entrar en un proceso irreversible de contención de la corrupción y de reducir esos niveles en todos los ámbitos de la administración pública, se está, lamentablemente, revirtiendo.
De igual manera, Linares expuso que la acción del ente encargado de la persecución penal no debe estar supeditada a tiempos políticos o a criterios de conveniencia política, lo cual comparó con la administración de la exfiscal general, Thelma Aldana.
“Thelma Aldana consiguió ese paso institucional sólido en coordinación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y esa es una pauta que queda, de que el Ministerio Público cumpla con su misión institucional, si no lo hace, no es que se pierda la línea de Thelma Aldana, sino simplemente la institución se desnaturaliza”, subrayó el integrante de Asies.
Además, el analista indicó que la administración anterior dejó una “vara alta” que Porras está obligada a igualar o incluso superar, mediante un cumplimiento estricto de las funciones de ese ente, de un compromiso en la lucha contra la corrupción, que calificó como el “mayor problema de Guatemala”.
“No debe quitar el énfasis, no debe quitar la prioridad, no debe quitarle el apoyo, pero no es solo la lucha contra la corrupción, el Ministerio Público como órgano contralor de la legalidad y encargado de la persecución penal, debe perseguir a todas aquellas personas que violan las leyes y cometen delitos”, concluyó Linares.
“Estos señalamientos no han sido nuevos. La postura de la Fiscal General en este momento siempre ha sido evasiva, de no afrontar verdaderamente los problemas, lo cual se manifiesta en un debilitamiento de la entidad”.
Eddie Cux, Acción Ciudadana.
LOS SEÑALAMIENTOS
El exfiscal de la FECI, Andrei González, presentó una denuncia en contra de Consuelo Porras y Julio Cordón, Secretario de Política Criminal del MP, por haber obstaculizado la investigación del Caso Financiamiento Electoral ilícito de la UNE.
Según el investigador, en su momento se le hizo ver a la Fiscal General que detener ese proceso penal le daría margen a Torres para que pudiera estar inscrita como candidata a la Presidencia, sin embargo, agregó que ellos acordaron que accionarían hasta el 5 de febrero de este año en contra de ella y demás vinculados al expediente judicial.
No obstante, un día antes a esa fecha la ex primera dama obtuvo su credencial como aspirante a la primera magistratura del país y por ende inmunidad para evitar ser investigada a profundidad por ese caso, a pesar que, describió González, solicitaron a Porras accionar, junto al jefe de la Fiscalía mencionada, Juan Francisco Sandoval, por última vez el 22 de enero pasado por esa carpeta judicial.
“Más que una simple coincidencia, resulta evidente que la fiscal general, Consuelo María Porras Argueta, y el secretario de Política Criminal, Julio Cordón, de manera coordinada obstruyeron la judicialización del caso en favor de Sandra Torres y así le dieron ventaja para que esta pudiera recibir su credencial ante el Tribunal Supremo Electoral, para así gozar de inmunidad”, explicó el exfiscal en su demanda.
Por este caso, la Fiscal General denunció al exintegrante de la FECI, según el matutino Prensa Libre por tres delitos, supuestamente por filtrar información de la investigación, mientras que el jueves dio a conocer que la Fiscalía Distrital Metropolitana está conociendo la denuncia contra Andrei González.
Por otra parte, Diana Benavides, exjefa del Departamento Jurídico del MP, expresó en una audiencia del Caso Gerencial Asunción Zona 5 en donde está procesada, que dicho señalamiento en su contra es por no haber desistido de la denuncia penal que ella interpuso en contra del personal de confianza de Porras.
De acuerdo con Benavides, cuando tomó posesión la administración de la actual Fiscal General se empezó a hacer negociaciones para realizar pagos a proveedores del Estado, los cuales eran ilegítimos, porque estaban fundamentados en contratos y negocios que ella catalogó como “nulos de pleno derecho”, por lo que correspondía iniciar trámites para la nulidad de esos acuerdos.
“Al darles yo esa opinión, que obviamente era contraria a los intereses de los asesores del despacho, me encerraron en una oficina y a coaccionarme, indicando que, si yo no accedía y si yo no cedía, entonces iban a utilizar el poder del Ministerio Público en mi contra, tal como está sucediendo”, afirmó la sindicada.
A pesar de la querella interpuesta por Benavides, ella refirió que la Fiscalía de Asuntos Internos la desestimó, pero una orden judicial ordenó que esa unidad de investigación, dirigida por Marlon Pacheco, continuara con las investigaciones.
Esta misma fiscalía es la que la que pidió que Benavides enfrentara proceso penal por la supuesta compra sobrevalorada de un edificio para el MP. Es necesario resaltar que la denuncia de González también fue enviada a esta unidad de investigación.
En su momento, al conocerse los señalamientos en la audiencia de primera declaración, Consuelo Porras indicó que “cualquier ciudadano sobre la base del derecho de expresión del pensamiento puede decir lo que estime, pero serán los tribunales los que después del conocimiento de tema en particular, por cuanto no tenemos que olvidar que en los procesos penales es importante resaltar que verdaderamente se tiene que suscribir sobre los hechos que está siendo sindicada”, dijo.
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“Pero están estas señales que son preocupantes. Ella (Porras) sigue teniendo el beneficio de la duda (…) pero se necesita de ella una manifestación clara de compromiso en mantener la lucha contra la corrupción, como una actividad fundamental del Ministerio Público”.
Luis Linares, Asies.
