Por: Cristian Velix
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El exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y el abogado Moisés Galindo accionaron en contra de la jueza Erika Aifán, quien no dio trámite a una recusación que plantearon para que ella deje de conocer el Caso Caja de Pandora, en el cual están sindicados.
De esa forma, los procesados plantearon una apelación en la Sala Segunda de Mayor Riesgo en contra de la decisión de la jueza que no dio trámite a la acción legal con la que buscan que ella no siga a cargo de ese expediente judicial.
Serán los magistrados del mencionado órgano jurisdiccional los que decidan si aceptan la apelación planteada por los sindicados y ordene que se eleve el recurso para que lo conozca una Sala de Mayor Riesgo, o si la rechaza y confirma la resolución de la togada.
Galindo ha colocado al menos otras siete recusaciones en contra de Aifán, en las cuales ha vertido distintos argumentos, con lo cual ha detenido el desarrollo de audiencias de esa carpeta judicial.
Entre los pronunciamientos realizados por el abogado para que la jueza sea separada del proceso se encuentran que ella participó en un evento organizado por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), querellante adhesivo en la investigación, por lo que dudaba de su imparcialidad.
Por ese mismo motivo, en otra oportunidad, Galindo pidió que la juzgadora dejara de conocer el proceso, señalando que él la denunció ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
En ambas oportunidades, los argumentos fueron rechazados por la Sala correspondiente y confirmaron a la togada en el Caso Caja de Pandora, el cual es investigado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
HECHOS
Las pesquisas detallan que tanto Galindo como López Bonilla fueron parte de una estructura criminal que se benefició del traslado de reos del Sistema Penitenciario (SP), durante el gobierno del Partido Patriota (PP).
En esa medida, los entes investigadores indican que el nombramiento de López Bonilla en el Ministerio de Gobernación (Mingob), le permitió a Byron Lima (ahora fallecido) el traslado de reclusos de Pavoncito a otros centros carcelarios.
Algunos privados de libertad, según las indagaciones, pagaban con automóviles ese cambio de cárcel, los cuales le eran entregados a Moisés Galindo y Marco Antonio Rossell, abogados en ese entonces de Lima.
